Aprobaron la reforma de ley de barrios populares contra desalojos

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles por amplia mayoría y giró al Senado, en una sesión especial, el proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de barrios populares, sancionada en 2018, y que prorroga por diez años la vigencia de la suspensión de los desalojos.

El plenario legislativo aprobó la iniciativa por 227 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda, mientras hubo dos sufragios negativos de Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad. Tres abstenciones correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio).

El proyecto sancionado forma parte de un paquete de iniciativas consensuadas que incluye un dictamen sobre tecnología y la expropiación del edificio donde funcionó el local bailable Cromañon, en el que en 2004 ocurrió una tragedia en la que murieron 194 personas.

La sesión especial -presidida por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau- se inició a las 13 y en el primer tramo se aprobó la renuncia de Victoria Tolosa Paz, quien asumirá este jueves como ministra de Desarrollo Social, y se tomó juramento a la dirigente massista Micaela Morán, quien cumplirá su mandato hasta diciembre de 2025.

También se recordó a los exlegisladores que fallecieron en las últimas semanas: el socialista Héctor Polino y el correntino del Frente de Todos Fabián Ríos y se rindieron homenajes por el Día de la Diversidad Cultural.

Acerca de los barrios populares, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos.

A través del proyecto también se promueve fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

El proyecto de ley busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, prórroga de la suspensión de desalojos como garantía para la implementación de la ley y resguardar el derecho a la vivienda por el plazo que dure la declaración de utilidad pública (10 años).

Asimismo, la iniciativa apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.