Argentina cerró su reclamo sobre el proyecto Sea Lion en Malvinas

El pedido urgente para frenar las actividades del proyecto petrolero Sea Lion en las aguas de las Islas Malvinas marcó el cierre de la segunda ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La delegación nacional reclamó la inmediata aplicación de medidas provisionales frente al avance del Reino Unido bajo una advertencia central sobre los tiempos del reclamo: “Es ahora o nunca”.

La presentación técnica defendió la competencia prima facie del tribunal y remarcó la existencia de derechos plausibles que exigen resguardo mientras avanza el procedimiento arbitral de fondo. En esa línea, la postura expuesta por el jurista Kohen argumentó que los jueces tienen la potestad de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas sin necesidad de pronunciarse sobre la soberanía del archipiélago, con el objetivo de evitar la explotación unilateral de recursos naturales y prevenir daños irreparables.

El peligro inminente quedó asociado a la decisión final de inversión del 10 de diciembre de 2025, momento en que la iniciativa británica pasó de la fase exploratoria a un plan concreto de explotación que prevé hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción calculada en 310,5 millones de barriles. Durante su exposición, Nico Schrijver alertó sobre la urgencia del caso: “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo. If not now, it will be never”.

El petitorio formal, respaldado en el cierre por Mario Oyarzábal al ratificar que se cumplen los requisitos de competencia, plausibilidad, urgencia y daño irreparable, exigió prohibir nuevas perforaciones e instalaciones de producción vinculadas a Sea Lion. El reclamo incluyó además evitar el uso perjudicial de la información geológica recabada durante la exploración, garantizar que el país pueda fiscalizar la protección del medio marino y prevenir cualquier conducta que agrave la controversia internacional.

Tras la finalización de las audiencias, el tribunal quedó en condiciones de emitir una resolución para la cual no rige un plazo predeterminado. Fuentes del equipo legal remarcaron que “el reclamo argentino no comienza ni termina con esta resolución” y que la instancia actual busca “obtener medidas provisionales que suspendan las actividades ilegítimas de explotación de hidrocarburos, mientras avanza el procedimiento arbitral internacional ya iniciado”, además de ratificar el uso de “todas las herramientas jurídicas, legales y diplomáticas a su disposición para impedir la explotación ilegítima de sus recursos naturales”.