Así funcionaba la Justicia durante el vidalismo

La historia de Flavio Aprile es solo una de muchas, pero sirve como ejemplo para demostrar cómo se orquestaron las operaciones mediático-judiciales en la provincia de Buenos Aires durante el vidalismo, etapa en la que la administración de la exgobernadora actuaba rápidamente. Se trata de una de las historias que se mediatizaron: la gestión anterior la usó para intentar hacer ver cómo se “combatía” a los “profesores K” que supuestamente llamaban a las escuelas bonaerenses a alterar el orden.

Flavio Aprile es profesor de Matemáticas desde 2005. Trabajaba en la Secretaría del Normal de Quilmes cuando en 2017 fue allanado y acusado de realizar un llamado en el que advertía que había una bomba en esa escuela. En 2018 se le registró otra vez el domicilio y fue denunciado por amenazar de muerte al fiscal que llevaba a cabo la investigación.

Aprile fue portada en los diarios de los grupos mediáticos más grandes del país y ocupó minutos de aire en los canales más vistos y en las radios más escuchadas. Sin embargo, en octubre de 2019 fue sobreseído por el juez de Quilmes, Martín Miguel Nolfi, quien no encontró elementos probatorios de “intimidación pública” que permitieran avanzar en un proceso judicial en contra del docente.

El profesor nunca recibió un pedido de disculpas por parte de ningún dirigente de Juntos por el Cambio. Los medios nacionales que lo difamaron no anoticiaron a sus lectores de su sobreseimiento ni tampoco le ofrecieron al docente un derecho a réplica.

A Flavio Aprile todavía le duele mucho googlear y encontrar en los portales de noticias cómo mentían sobre él. Le angustia. “Me hace mal, me duele mucho verlo”, le confesó a diario Hoy, y consideró que le querían “cagar la vida” para terminar siendo una “tapa de Clarín”. “No hice nada pero estuve diez días en cana y me allanaron dos veces”, señaló.

Entre 2015 y 2019 la Justicia estaba al servicio del macrismo y el vidalismo, siendo una herramienta más que se usaba para hacer propaganda de dos gobiernos que se dedicaban a perseguir a quienes alzaban la voz en su contra. Así funcionaba la Justicia.

En la edición de hoy se contará la primera parte de la historia de Aprile. En la de mañana, la segunda. Es necesario contar todo para exponer cómo ¿funcionaba? el Poder Judicial.

El primer allanamiento

Flavio Aprile se afilió al radicalismo el 31 de agosto de 1994 y está asociado a Suteba (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) desde que se recibió de profesor en 2005. Dos años estuvo afiliado a UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación), hasta que en 2017 volvió a Suteba.

El 5 de noviembre de 2017, Aprile descansaba en la habitación del fondo de la casa que comparte con su mamá y su hermano: “Eran las 23, 23:30, cuando yo estaba escuchando música en el lugar donde vivo, al fondo de la casa de mi madre, quien en ese momento estaba durmiendo, e intempestivamente entró la Policía a mi casa en búsqueda de un celular”. Se trataba de un allanamiento.

Los efectivos le notificaron a Aprile que estaban en su casa debido a un llamado al 911 por una amenaza de bomba en el Normal de Quilmes, pero él “no tenía nada que ver”. “Buscaron por toda la casa un celular por un supuesto llamado al 911, porque decían que habían llamado desde un chip que estaba a mi nombre”, le dijo a diario Hoy el docente.

La Policía secuestró los tres celulares de la casa: el suyo, el de su hermano y el de su madre, y otros cuatro que no funcionaban. Sin embargo, ninguno coincidía con el IMEI (un número único de identificación que tiene cada teléfono celular y que es irrepetible) que había realizado el llamado de amenaza de bomba.

Como los policías no encontraban lo que buscaban, Aprile le contó a este diario que el oficial que estaba a cargo salía y entraba de la casa impaciente. Y que cada vez que volvía a ingresar revolvía nuevamente la vivienda en busca del celular que coincidiera con el IMEI del llamado.

“Era alrededor de la 1.30 de la madrugada y se notaba que el oficial hablaba con una mujer, porque respondía ante un imperativo: Sí, señora”, contó Aprile. “Esa persona le dijo que se centrara en mi teléfono y que empezara a buscar por mis redes sociales, Facebook y WhatsApp puntualmente”, agregó el docente.

Como no se querían ir con las ma­nos vacías, el oficial recibió las órdenes, según Aprile, de escribir en los buscadores de las aplicaciones tres palabras: “Bomba, Quilmes, Profe”.

“En una conversación de Whats­App que yo tenía con un compañero encontraron esas palabras. Pero era de un día en el que un profesor me avisaba que llegaba tarde y no había podido comunicarse con nadie al teléfono de la escuela y por eso me escribía al celular. Mi respuesta era que estábamos todos afuera de la escuela porque había habido una amenaza de bomba. El mensaje decía: Estamos todos afuera porque hubo una amenaza de bomba”, contó Flavio.

“Por encontrarme la palabra bomba me llevaron en cana. Esa noche fui preso”. Pasó la noche en la comisaría Novena de Quilmes. “A la mañana me llevaron a los Tribunales y me dijeron: Mirá, acá hay un chip a tu nombre que dice que llamaste al 911. Dije que yo no fui. Mi abogado me dijo que no declarara”, continuó. Aprile cuenta que la llamada había sido hecha el 17 de octubre y que provino de un número de teléfono que estaba a su nombre.

Una resolución

Como Aprile se quedó sin celular, tuvo que pedir uno prestado y al mismo tiempo realizar la compra de un chip prepago. Ahí se dio cuenta de que corría la resolución conjunta 6 E/2016 del Enacom, oficializada en un DNU (decreto de necesidad y urgencia), que decía que había que registrar con nombre y apellido cada chip prepago que se compraba.

Validación de identidad

Cuando una persona compra un chip prepago, puede activarlo solo dando la fecha de nacimiento, el sexo y el DNI de la persona que va a portar ese número de teléfono. Esto hace que cualquiera pueda tener un número de teléfono a su nombre activado por otra persona que tenga tan solo esos datos.

Quien está siendo dado de alta puede no saberlo.

Aprile sospecha que eso fue lo que le sucedió, porque cuando fue a Personal a averiguar cuántos números tenía registrados a su nombre, había tres, pero reconoció dos. El tercero era el que había hecho la amenaza de bomba, y lo supo después de haberlo averiguado en la Justicia. Él nunca había dado de alta esa línea.

“Yo no sabía que tenía ese número a mi nombre”, explicó el docente, quien narró que realizó una investigación por su cuenta, ya que le habían abierto una causa injustamente y quería demostrar que la Justicia estaba equivocada. Reconoció que lo que decía la Policía en su casa “era cierto” porque el chip estaba a su nombre. “Pero yo nunca lo tuve”, insistió.

Aprile le informó de esto a su abogada defensora y ella le respondió: “Haga algo, Aprile, porque para la fiscalía ese celular que hizo el llamado es suyo y por lo tanto fue usted”. “Pero yo no hice nada. ¿Tienen ese chip a mi nombre? Porque en mi casa no lo encontraron”, le ­contestó.

Probation y juicio abreviado

“Me ofrecieron la probation, pero yo sentí que si aceptaba eso era culpable y yo no había hecho nada”, re­cordó en diálogo con diario Hoy, y señaló que le advirtieron que, si no, iría a juicio. “Mándenme a juicio porque yo no hice nada”, replicaba.

Aprile tenía su trabajo y por esta denuncia lo habían relevado del car­go, aunque seguía cobrando el suel­do. “El miedo que tenía era que si yo no firmaba eso, me exoneraran (del cargo)”, dijo.

“Yo no firmé nada y en marzo de 2018 llamé a la abogada para saber cuándo era el juicio, y me dijo que ella no me defendía más, que me iba a defender otra defensora pública”, contó el profesor, quien agregó que en abril le ofrecieron otra defensora.

“Paralelamente me fueron ofreciendo juicios abreviados. Y yo decía que no. Si a la otra abogada no le firmé la probation, con vos no voy a firmar el juicio abreviado porque yo no soy culpable, le decía”, denunció Aprile.

“Se dijeron un montón de cosas de mí. Yo ya estaba esperando el juicio”, recordó, y agregó que estaba pautado para mayo de 2020, pero con la pandemia se retrasó y probablemente sea durante la primera parte de 2022.

Es la única causa abierta que tiene, habiéndose elevado a juicio, aunque en la audiencia preliminar el fiscal dijo que “no tenía sentido el debate”. Aprile confía en que ocurrirá lo mismo que le pasó con la que se abrió en 2018, de la cual diario Hoy hablará en su próxima edición.