Asociaciones de consumidores piden al Gobierno que congele precios de medicamentos hasta fin de año

Organizaciones de defensa de usuarios y consumidores le pidieron al Gobierno que congele el precio de medicamentos hasta fin de año. Reclamaron también que se retrotraigan los valores al 10 de agosto, previo a la devaluación pos-PASO. En los últimos 15 días, algunos productos aumentaron un 20%, “una corrección de precios apresurada e injustificada”, aseguraron.

Para poner en contexto el pedido, dirigido a la Secretaría de Comercio Interior, las organizaciones elaboraron una lista de 11 medicamentos, comparando su precio de venta. Por ejemplo, el Sifrol, indicado para adultos en el tratamiento de Parkinson, aumentó 450 pesos luego de las PASO. Según el relevamiento, el Dolo Glucoarrumalón (antiartrósico) subió de 1496 a 1617 pesos, mientras que hasta 2018 lo tenían valuado en $789.

El presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, afirmó que el precio de los medicamentos se incrementó el doble desde el año pasado y que esto se acrecentó tras el triunfo de Alberto Fernández el 11 de agosto.

Bussetti precisó que desde 2015 hasta la actualidad el aumento en este rubro fue de casi un 300 por ciento. “Creemos que la industria farmacéutica, de alguna manera, es la beneficiaria en todo esto. La devaluación se trasladó sin un análisis de costos, sin una autorización por parte del Ministerio de Salud y de forma unilateral”, explicó el presidente de DEUCO.

Junto a otras organizaciones solicitaron que se dicte una medida de excepción y se retrotraigan los precios al 10 de agosto de 2019. Además, exigen que dicho congelamiento de precios se prolongue hasta el 31 de diciembre de 2019. “Estos incrementos afectan a miles de hogares argentinos, pero indudablemente el sector de los adultos mayores es el que lo siente con más rigor, poniendo en riesgo la salud de jubilados y pensionados”, especificaron.

“Si hay un sector que tiene que tener control estricto es el de los medicamentos, como sucedió hasta 1988, antes de la asunción de Carlos Menem, que estaban regulados por el Estado y tenían precios máximos fijados por el éste. Cada vez que había un aumento debía ser autorizado por el Ministerio de Salud”, analizó Bussetti.

La petición fue firmada por la Unión de Consumidores de Argentina, la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (Femudeco), el Centro de Orientación, Defensa y Educación del Consumidor (Codec), los Usuarios y Consumidores Unidos, la Unión de Usuarios y Consumidores, la Acción del Consumidor (Adelco) y la Protectora ADC, entre otras organizaciones.