Bruera dijo que Campbell y Martinengo eran quienes remitían informes

Salió del juzgado del juez federal Federico Villena en Lomas de Zamora con una carpeta bastante voluminosa, y lo primero que atinó a decir fue que todo lo que tiene que ver con la causa le llamó la atención.

“Han hecho un trabajo muy minucioso y era requerido por autoridades políticas, que creo que es lo que más duele, sobre todo viviendo en un sistema democrático”, fueron las primeras palabras de Pablo Bruera.

El exintendente de La Plata estuvo más de dos horas ante Villena, quien le exhibió los materiales que dan cuenta del espionaje ilegal. “Escuchas telefónicas, (mensajes de) Whatsapp, informes que tenían que ver desde un movimiento bancario y una salida de mi casa hasta una salida del país. No sabían qué más buscar”, contó Bruera sorprendido ante lo que le mostró el juez ayer.

Afirmó que, en la Provincia, el encargado de remitir los informes era “el subsecretario de Asuntos Municipales (del gobierno bonaerense), Alex Campbell”, y que a nivel nacional había una funcionaria que requería la información. “Se llama Susana Martinengo”, dijo. Y añadió: “Podría mostrar los Whatsapp (de los espías) en los que se los nombra a los dos funcionarios”.

Bruera contó que se pedía mucha información de quienes eran espiados: “Sacaban fotos, tenían cada movimiento que había, entradas y salidas del país, cualquier tipo de informe periodístico y fichas”.

“Produce mucho dolor, sobre todo que parte del sistema político esté inmerso en esta situación cuando hay una historia muy dolorosa con todas estas situaciones”, señaló el exjefe comunal.

La investigación reunió también pruebas de los contactos entre espías en los que hablaban de llevar la información a dos funcionarios públicos que la reclamaban: Martinengo, que dirigía el área de Documentación Presidencial en la gestión de Mauricio Macri, y Campbell, que integraba el gobierno de María Eugenia Vidal.

“Ni siquiera hay indicios, hay pruebas directas. Esta gente se reunía con los funcionarios públicos. Aparte, a veces, la información no llegaba bien y la pedían por PDF, para verla con mayor nitidez, de tal manera que había todo un sistema y una planificación”, reflexionó Bruera tras ver los intercambios entre espías como los imputados Leandro Araque y Alan Ruiz.

De todo el material que observó Bruera pudo ver que los agentes estaban interesados en espiarlo porque creían que estaba al frente de un ar­mado político que era monitoreado por el papa Francisco, algo que en realidad nunca ocurrió.

“Discutían mi relación con Jorge Lugones, obispo de Lomas, a quien querían seguir por su vinculación con el Papa”, aseveró Bruera, pero luego remarcó que Lugones es su tío y que los contactos frecuentes tenían que ver, entre otras cosas, con la relación familiar que los une.

Bruera solicitó ser tenido en cuenta como querellante, pero, además, le pidió al juez Villena que se investigue si esta banda de espías estaba relacionada con algo que en la política platense se conoce como Base 8, que, según Bruera, “es una organización ilegal que se infiltra en las manifestaciones, saca fotos y produce informes”.

“Pedimos saber si esto tiene vinculación (las escuchas con la Base 8)”, dijo al respecto, y añadió: “Nosotros en La Plata siempre vimos todo este tipo de maniobras, pero es muy difícil probarlas. Por eso nosotros venimos con una cierta satisfacción de que alguien de una vez tome esto en serio, porque prácticamente era un hecho habitual el tema de la persecución”.

La causa

En esta causa se investiga a “una organización criminal con inserción en el Estado nacional, provincial y local, cuyos integrantes, cumpliendo diferentes roles estratégicos y, valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las fuerzas de seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia, habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones”, según consta en el expediente.

Algunas de las maniobras “habrían consistido en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas, y/o con el objeto de influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones”.