Bullrich y un nuevo capítulo de la doctrina Chocobar: "Reglamento General para el Empleo de las Armas"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este miércoles el nuevo Reglamento General para el Empleo de las Armas por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, que no es otra cosa que una herramienta para aplicar la llamada "doctrina Chocobar", que ofrece un gran margen de discrecionalidad a los agentes para disparar balas de plomo ante lo que consideren un "peligro inminente".

"Estamos derogando toda resolución del Ministerio de Seguridad así como las disposiciones internas de las fuerzas que se contrapongan a lo que está normado en esta resolución que estamos dando a conocer", dijo Bullrich en la conferencia de prensa que dio en el Ministerio, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Rosario.

Las fuerzas federales, según anunció la funcionaria, estarán habilitadas a usar armas de fuego "cuando haya un peligro inminente de muerte del propio agente o de ciudadanos que estén en peligro frente a un ataque de criminales" o para "impedir la comisión de un delito, cuando sea  un delito grave que  ponga en riesgo la integridad física de las personas".

Los miembros de las fuerzas también estarán habilitados a usar armas para "detener a un delincuente cuando oponga resistencia a la autoridad o para impedir que se fugue", precisó. "Esto es muy importante porque siempre se plantea que el delito se termina en el momento en que aparentemente el delincuente se fuga. No es lo que dicen nuestros códigos. El Código Penal es claro: obliga a las fuerzas de seguridad a impedir la fuga de los delincuentes", agregó Bullrich. De esta manera, habilita a darle un tiro por la espalda a quien sea considerado un delincuente.

Los efectivos, según el nuevo protocolo, "deberán siempre identificarse como tales, dando la voz de alta". Sin embargo, aclaró la ministra, habrá excepciones.

"Hay momentos en que si el agente se da a conocer pone en riesgo su vida o la de terceros. Y ese agente está rodeado por un grupo de narcotraficantes, de asesinos, criminales, y da la voz de alto, en el momento que está rodeado puede dar a conocer su posición y en esa posición los delincuentes saben de dónde sale la voz de alto y matan al agente", argumentó Bullrich, al remarcar que se trata de una excepción que "está en todos los reglamentos de armas del mundo".

La habilitación para no identificarse también estará permitida cuando "exista una desventaja numérica o táctica, porque ahí el agente puede sufrir las consecuencias", advirtió.

"Con estas pautas, policías, gendarmes y agentes de seguridad van a saber que están siendo protegidos por un sistema que les permite cumplir la función para la que fueron capacitados. No queremos más casos Chocobar en lo que se esté discutiendo si hizo las cosas mal o no", planteó, en referencia a Luis Chocobar, expolicía condenado por matar por la espalda a un joven que huía tras atacar a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca en el año 2017 y que Bullrich promueve como un ejemplo a seguir.

En la conferencia de este miércoles, Bullrich también informó que el Gobierno está "a la espera" de las pistolas Taser y en proceso de compra de armas byrna, un "arma no letal que es como un pequeño aire comprimido" que se fabrica en Argentina y que "se usará en aeropuertos, estaciones de trenes y distintos lugares" donde haya "alta densidad de población".

Además, habilitarán a que todas las fuerzas federales utilicen "armas largas de calibre policial", algo que la ministra había anunciado a principios de febrero para Prefectura Naval.

El antecedente

El "Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, que ahora se relanzó en medio de la crisis de seguridad que atraviesa Rosario, fue creado por la ministra a fines de 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, para “situaciones de peligro inminente de ataque con armas letales contra las figuras de los líderes” mundiales que llegarían a la Argentina para participar de la cumbre del G20, según argumentó entonces.

La norma habilitaba a las fuerzas federales a tener mayor libertad para disparar sus armas en casos de delitos graves y persecuciones. Los agentes, decía el reglamento, harán “uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos", en los siguientes casos: "A) En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves; B) Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas; C) Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad; D) Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.

En ese momento, distintos espacios políticos y especialistas en materia de seguridad y derechos humanos advirtieron sobre el retroceso que eso significaba y señalaron que el reglamento venía a legitimar acciones policiales como las de Chocobar.

Dos años después, el 20 de diciembre de 2019, la entonces ministra de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández, Sabina Frederic, revocó el protocolo, al considerar que ampliaba "de manera significativa aquellas circunstancias que habilitan el uso del armamento letal por parte de los funcionarios de las fuerzas policiales y de seguridad, alejándose de las recomendaciones del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley establecido por las Naciones Unidas”.

En febrero de este año, Bullrich ofreció una conferencia de prensa para anunciar que reestablecería el protocolo derogado por Frederic. En esa oportunidad, dijo que el Gobierno habilitaría a Prefectura para que "pueda usar todo tipo de armas de fuego policiales y no solo las armas cortas que hoy tienen permitidas". Según aseguró, las armas que usan estos efectivos "no tienen el alcance necesario" y quedan en "posición desventajosa" ante situaciones en las que "han recibido piedrazos, cuchillos que les han tirado, han usado armas y se han logrado en algunos casos escapar por esta diferencia de uso de armas que existe entre la Prefectura y aquellos delincuentes o criminales que intentan introducir o sacar materiales ilegales, o drogas de la Argentina".