Ciberpatrullaje: Patricia Bullrich aprobó un nuevo protocolo para una vigilancia masiva en redes sociales.

Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, ha reavivado una de sus antiguas iniciativas: el ciberpatrullaje. La semana pasada, la funcionaria aprobó un nuevo protocolo para las fuerzas de seguridad a su cargo, lo que generó críticas por su posible impacto en la libertad de expresión y la habilitación de una vigilancia masiva en redes sociales.

Bullrich inició la semana pasada con una ofensiva múltiple. En primer lugar, anunció que no respondería a los requerimientos de información de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para encontrar a los bebés robados durante la última dictadura, medida calificada como inadmisible por Abuelas de Plaza de Mayo. En segundo lugar, presentó nuevas reglas para la Policía Federal Argentina (PFA), la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura sobre el monitoreo de fuentes abiertas en internet, según la resolución 428.

La Resolución 428 y sus Implicaciones

El protocolo permite a las fuerzas de seguridad monitorear sitios de internet de acceso público sin violar la intimidad de las personas. Según el Ministerio de Seguridad, estas medidas buscan prevenir delitos como venta de drogas, amenazas, venta de armas, trata de personas, y otros delitos que se puedan detectar en el ciberespacio. La resolución también menciona la búsqueda de personas desaparecidas y requeridas por la justicia.

No obstante, especialistas consideran esta práctica como una “excursión de pesca”, ya que las fuerzas de seguridad podrían patrullar sin un objetivo claro. Aunque la resolución menciona la preservación de la libertad de expresión y la destrucción del material relevado, no especifica en qué plazo.

Preocupaciones y Críticas

Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), subraya la vaguedad del protocolo y advierte sobre el riesgo de considerar cualquier mensaje en Twitter como una amenaza, especialmente con el uso de patrullaje automatizado. María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), advierte que la resolución le otorga a las fuerzas de seguridad una capacidad de inteligencia que podría invadir y criminalizar la libertad de expresión.

Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, expresa preocupación por la discrecionalidad que la resolución otorga a las fuerzas de seguridad para determinar qué conducta es regular o inusual, lo que podría llevar a la coartación de la libertad de expresión. Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, critica la falta de claridad sobre la tecnología que se empleará y los acuerdos con las plataformas, advirtiendo sobre el posible uso de tecnología sesgada.

Antecedentes del Ciberpatrullaje

El ciberpatrullaje no es nuevo en Argentina. Durante el gobierno de Cambiemos, la Policía Metropolitana monitoreó redes sociales en busca de amenazas, como el caso de 2016 donde se denunció una amenaza contra la hija del entonces presidente Mauricio Macri. Durante la pandemia, el gobierno del Frente de Todos también utilizó ciberpatrullaje, como en el caso de Kevin Guerra, quien fue investigado y posteriormente sobreseído por un comentario en redes sociales.

Conclusión

Patricia Bullrich insiste en que existe un vacío legal y vuelve a implementar el ciberpatrullaje, esta vez con el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, las críticas de organismos de derechos humanos y juristas destacan los riesgos para la libertad de expresión y la privacidad, llamando a un debate más profundo sobre los límites y controles de estas prácticas en una sociedad democrática.