Código Procesal Penal: la nueva sanción obligará a que los jueces necesiten más elementos y condiciones a la hora de dictar una prisión preventiva
El nuevo Código Procesal Penal Federal ya se encuentra vigente, y es de aplicación progresiva en el territorio de la República Argentina. Actualmente se está aplicando en casi todas las provincias de nuestro territorio nacional, y evolucionó notablemente en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy como lo demuestran las estadísticas con que se cuenta […]
El nuevo Código Procesal Penal Federal ya se encuentra vigente, y es de aplicación progresiva en el territorio de la República Argentina. Actualmente se está aplicando en casi todas las provincias de nuestro territorio nacional, y evolucionó notablemente en la jurisdicción federal de Salta y Jujuy como lo demuestran las estadísticas con que se cuenta a la fecha en cuando a eficiencia y celeridad de los procesos judiciales.
Lo que implica esta nueva ley, entre otras cosas, es que sea más rigurosa la implementación de prisión preventiva, poniéndole de esta forma más condiciones al juez como para que llegue a dictar esta misión antes de un juicio efectivo.
La regla en el proceso penal es la libertad de quien se encuentra acusado de un delito, como derivación necesaria del principio de inocencia en materia penal, que establece la presunción de inocencia hasta tanto se pruebe la responsabilidad penal por un delito, mediante una sentencia condenatoria firme. Sin embargo, en determinados casos, si se presentan ciertas condiciones, resulta procedente la prisión preventiva del imputado, esto es, la detención cautelar, previa al dictado de una sentencia de condena.
En ese sentido, desde el Congreso de la Nación se creó la comisión bicameral de monitoreo e implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, mediante la Ley número 27.150 y su modificatoria Ley número 27.482.
Vale destacar, además, que existe otro ámbito en el cual la implementación de determinadas normas del nuevo Código resulta impostergable a los efectos de evitar situaciones de desigualdad ante la ley, y es el referido al resguardo de la libertad del imputado en el marco del proceso penal, puntualmente en relación con la zona de colisión entre el principio constitucional de inocencia y la necesidad de conculcar el peligro de fuga o entorpecimiento.
Asimismo, se busca que todos los tribunales del país lleguen a un mismo criterio, ante una situación similar, como así también que no haya resoluciones contradictorias entre diferentes juzgados de Argentina ante juicios parecidos.