DESCONGELAMIENTO DE TARIFAS

Comenzarán a discutir los aumentos que aplicarían desde marzo las empresas de electricidad

El ENRE avanzará hacia una “adecuación transitoria” de lo que deben pagar los usuarios hasta que se arribe a un acuerdo definitivo entre el Poder Ejecutivo y las prestadoras de energía eléctrica

El Gobierno Nacional avanza con el descongelamiento de las tarifas cuyos aumentos comenzarían a regir recién en el mes de marzo. En conjunto con las empresas de electricidad discutirá un cuadro tarifario de carácter “transitorio” hasta que se arribe a un acuerdo definitivo entre el Poder Ejecutivo y las prestadoras de energía eléctrica.

A fines de 2019, cuando el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declarando la emergencia pública tarifaria y energética, entre otras, se le delegó al Gobierno facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”. Es decir, se facultó al Poder Ejecutivo a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) vigente.

Por decreto, el pasado 16 de diciembre, se determinó el inicio de la RTI vigente. La ley de Solidaridad Social faculta además al Gobierno a dar inicio a una revisión de carácter extraordinario “propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias”. En efecto, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fue encomendado para realizar el proceso de renegociación de las revisiones tarifarias.

Hoy, a través de la Resolución 16/2021 publicada en el Boletín Oficial, el ENRE dio inicio al “procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe a un acuerdo definitivo de renegociación”, por lo que convocó a las empresas Edenor y Edesur a participar del mismo.

El ENRE estará a cargo de las instancias de participación ciudadana “convocando a las personas usuarias y a las Asociaciones de Defensa del Consumidor, a fin de ser informados de las distintas etapas del citado procedimiento, garantizando su publicidad y el derecho de acceso a la información”.