Comienza el tratamiento del juicio político a la corte

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados evaluará hoy si abre el proceso destinado a remover a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en base a los elementos aportados por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, con el apoyo de una decena de gobernadores, que argumentan que los cuatro jueces del alto tribunal incurrieron en “mal desempeño” de sus funciones.

El pedido de enjuiciamiento es la derivación de un prolongado conflicto entre el Gobierno y el Poder Judicial, que tuvo su punto de quiebre cuando la Corte falló a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en la disputa por la Coparticipación Federal de Impuestos. Otra instancia de máxima tensión la generó la condena a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, en la causa conocida como “Vialidad”.

La comisión, presidida por la diputada entrerriana Carolina Gaillard, se dará cita a las 11 para comenzar a analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti –presidente del máximo tribunal–, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja. La intención del Frente de Todos (FdT) es arrancar hoy con el análisis (son doce expedientes) y definir el esquema de trabajo, ya que el primer paso será establecer si son admisibles los pedidos de juicio político, y allí el oficialismo tiene mayoría para imponer su criterio.

Posteriormente, se estima que en quince días comenzará la etapa de apertura del sumario a prueba, que se prolongará hasta fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.

El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.

Por su parte, Juntos por el Cambio (JxC) ya anticipó que no dará quorum para tratar los proyectos contemplados en la convocatoria mientras se mantenga el proceso de juicio político, ya que consideran que se trata de “un ataque a la Corte y a la institucionalidad” por parte del Gobierno.

Desde el FdT dicen, en cambio, que “la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento”, y recuerdan que “en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional”.

Se confirmó que las comunicaciones por chat filtradas en las últimas semanas están entre las pruebas que se analizarán. Eduardo Valdés, integrante de la comisión y principal redactor del pedido de jury a la Corte, dijo que se recurrirá a “todas las pruebas que se tengan a mano”.

Se trata de los chats que habrían mantenido el funcionario judicial Silvio Robles, vocero de Rosatti, y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente de licencia.