Confusión y papelón de Ravier al contestar sobre la petrolera israelí Navitas en las islas

A raíz de una nota publicada por este diario que revela la omisión del gobierno ante el avasallamiento de la petrolera israelí Navitas en suelo malvinense, el vocero presidencial Adrian Ravier admitió no estar enterado del tema y leyó, no sin esfuerzo, un comunicado publicado por Cancillería hace siete meses. El reemplazante de Adorni se equivocó de hoja primero, leyó mal el nombre del yacimiento en el que se ubica el proyecto de Navitas después, y finalmente reconoció: “Es lo que sé en este momento sobre este tema. Tendríamos que profundizar con Cancillería”.

En diciembre pasado la colonia británica en Malvinas anunció, sin consulta a las autoridades argentinas, la aprobación del proyecto de explotación del yacimiento Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros de Puerto Argentino, a manos de Navitas, una empresa israelí con fuertes lazos con el gobierno de ese país y la británica Rockhopper Exploration.

En estos días, el sitio Agenda Malvinas divulgó un informe del balance anual del 2025 de Navitas que revela que el gobierno colonial de las islas salvó las finanzas de Navitas ese año mediante un dibujo contable. Según el documento, la petrolera, cuyo vicepresidente fue un funcionario de alto rango del gobierno israelí, tuvo ganancias por 178,6 millones de dólares. No obstante, al observar el detalle se advierte que en realidad la empresa registró pérdidas por 4,4 millones de dólares.

La supuesta ganancia es el resultado de un beneficio otorgado por Gran Bretaña, que le permitió a Navitas heredar las pérdidas de la dueña anterior del proyecto (Harbour Energy) y transformarlas en créditos a su favor. Al sumar a su contabilidad este enorme Activo por Impuesto Diferido de 183 millones de dólares, la petrolera logró maquillar sus números y transformar su déficit en un falso éxito financiero.

El que calla se demora

Cuando se difundió la autorización del proyecto petrolífero, el Gobierno no solo demoró dos días en repudiar, tibiamente y sin ninguna repercusión en los hechos, el ataque contra la soberanía de las islas, sino que lo hizo luego de que las autoridades de Tierra del Fuego le exijan una respuesta. El comunicado de Cancillería publicado el 11 de diciembre de 2025 comienza diciendo que “La República Argentina expresa su más enérgico rechazo a la pretendida ´Decisión Final de Inversión´ anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited…”.

Oh casualidad, el texto que leyó Adrian Ravier en la conferencia de prensa del martes inició de la misma manera y continúa exactamente igual. Es decir, la única respuesta que tuvo el vocero de Milei al alcance para leer e intentar así responder a una cuestión que da cuenta del posicionamiento diplomático de su gestión ante un tema de extremo interés para el país -y justo en un momento en el que el mundo habla de la cuestión Malvinas- fue un comunicado de hace más de siete meses. Luego, confundido, le prometió a la periodista acreditada que le enviará más información tras consultarle a Cancillería.

La desinformación del vocero acerca del tema fue agravada por su torpeza a la hora de responder el cuestionamiento. En primer lugar, confundido por la pregunta de la periodista, que mencionó al pasar el conflicto por un buque británico que navegó aguas argentinas sin autorización previa para darle contexto al planteo, Ravier comenzó leyendo el comunicado que publicó el Gobierno en repudio a esa cuestión. Segundos después se dio cuenta de su error, cambió de página y se justificó alegando que “era una respuesta a otra pregunta”, aunque nadie en la conferencia le había preguntado sobre ese tema.

Una vez que encontró el comunicado correcto se dedicó a leerlo con la cadencia de un alumno de primaria cuya maestra le pide que lea un cuento frente a toda el aula: pausando para pronunciar los nombres propios. Al terminar de recitar un documento con siete meses de existencia como si lo hubieran escrito recién, se sinceró: “Es lo que sé en este momento sobre este tema. Tendríamos que profundizar con Cancillería. En todo caso, si nos deja el contacto, averiguamos las medidas concretas que ahora se están tomando para ampliar. Yo, en este momento, no tengo más información”.

Aunque su contenido no es novedad, cabe recordar que en el comunicado del 11 de diciembre, la Cancillería a cargo de Pablo Quirno repudió la decisión unilateral del Reino Unido retomando la Resolución 2065 de las Naciones Unidas que “reconoce la existencia de una disputa de soberanía por las islas Malvinas e insta a ambos gobiernos a reanudar negociaciones a fin de alcanzar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la controversia”. De todas maneras, el texto no fue acompañado de ninguna acción formal.

Como antecedente, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó en 2015 durante su mandato una demanda contra un grupo de petroleras por explorar y explotar hidrocarburos de forma ilegal en la cuenca de las Islas Malvinas. Tras ello, la ex jueza Lilian Herráez ordenó una multa por 156,4 millones de dólares, el secuestro de barcos, plataformas y equipamiento, por lo cual varias empresas se retiraron del proyecto. Sin embargo, luego del acuerdo Foradori-Duncan firmado por Mauricio Macri, las siguientes administraciones nacionales no avanzaron en la causa penal.