Continúa la investigación sobre la Corte Suprema

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reúne hoy para continuar el proceso de investigación contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

En esta oportunidad, los integrantes de la comisión se encargarán de analizar posibles irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), que presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales, y depende administrativamente del máximo tribunal.

Los testimonios que se esperan escuchar hoy son los de Aldo Tonón, exdirector de la obra social, hombre de confianza del juez de la Corte Juan Carlos Maqueda; la contadora de la obra social, Melisa Solana; la médica legista y perito de la Corte, María Cristina Interlandi; el contador Gustavo Montanini; y los trabajadores de la mutual Laura Coulin y Liliana de Brito.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti son investigados, en este marco, por cometer delitos y mal desempeño en sus funciones.

Los legisladores buscarán saber si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si a consecuencia de la no designación de esas personas se incumplió con la habilitación estatutaria que habilitaba la delegación de firma.

Además, se investigará una supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre “groseras” irregularidades en la registración contable, así como un “incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables a la capacidad de administración y control”.

Para avanzar en estas cuestiones, la comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentara Elisa Carrió contra Lorenzetti por “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social”.

También se investigarán denuncias sobre autorización de tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras se les denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados, y la numerosa cantidad de juicios por mala praxis, así como faltantes de medicamentos y el desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos.