Continúan las indagatorias en la causa por espionaje ilegal durante el gobierno de Macri

El juez federal Juan Pablo Auge tiene previsto concluir este martes las declaraciones indagatorias de los detenidos en la causa por espionaje ilegal a políticos, periodistas y empresarios, entre otras víctimas. Además, debe resolver si acepta un pedido para citar como acusados a los ex responsables de la AFI en el gobierno de Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Se trata de dos investigaciones diferentes. En la que le fue derivada tras el apartamiento de su par Federico Villena, Auge programó para hoy las indagatorias de los ex espías Guillermo Matta, Jonathan Nievas y Dominique Lasaigues, tres excarcelados en la investigación, mientras que para mañana está prevista la de Javier Bustos, según el cronograma difundido en fuentes judiciales.

Por otro lado, debe resolver si cita a declaración indagatoria a Arribas y Majdalani en otra investigación que ya estaba en su juzgado, la del espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en base a un pedido de la fiscal Cecilia Incardona.

En su dictamen, la fiscalía sostuvo que las maniobras sobre el instituto Patria y la persona de la Vicepresidenta en 2018 habrían sido ejecutadas en base a órdenes que habría impartido Majdalani. Estas directivas habrían sido instrumentadas por un ex agente de la AFI ya detenido en el caso, Alan Ruiz, a quien la fiscalía pidió procesar sin prisión preventiva, algo que también deberá decidir el juez, explicaron fuentes judiciales.

Según la fiscal, Majdalani “tenía un conocimiento actualizado y periódico sobre los avances de esos espionajes ilegales nutridos de los resultados de vigilancias y observaciones”.

Los informes de las tareas encomendadas "eran remitidos al equipo de Alan Ruiz y, posteriormente, éste se los elevaba a la nombrada", acusa.

Incardona recordó en el dictamen que en agosto de 2018, Arribas y Majdalani enviaron una nota a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso nacional donde sostuvieron "falsamente que no se habían producido seguimientos respecto de Cristina Fernández y que el personal descubierto en el lugar estaba allí realizando tareas investigativas" por orden judicial.

Esto, sostuvo, “obedeció a la decisión de ocultar que las tareas descubiertas tenían carácter ilegal”.

El espionaje al Instituto Patria y a la actual Vicepresidenta no estaba "de ningún modo" ordenado por la Justicia en la causa a la que se aludió "en el momento que se llevaron a cabo", concluyó el dictamen fiscal.