Crearán una Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la dictadura

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunciaron la creación de “una Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar”.

“Ayer nos enteramos de que por decisión del presidente Milei se avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) que, entre otras tareas, se dedica a la búsqueda de bebés nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado”, explicó en redes sociales el mandatario bonaerense.

De acuerdo a Kicillof, desde la nueva Unidad, “seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo. En la provincia de Buenos Aires seguiremos profundizando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, detalló en su posteo de X el gobernador junto a una foto con Estela de Carlotto.

Este miércoles, el Gobierno de Javier Milei oficializó la derogación del Decreto 715/2004, que había establecido la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.

Esta Unidad, creada en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar, accediendo a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El decreto argumenta que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

En particular, se señala que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.

El Gobierno fundamentó la derogación en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvieron que la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos es inconstitucional.

Asimismo, se subrayó que “la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para garantizar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales”.