Críticas a la detención por averiguación de antecedentes por 48 horas que impulsa el gobierno provincial

Como dice la canción, “veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades”. Eso parece suceder por estos días en el desbroce que se da en Legislatura sobre el proyecto de reformas que envió el Ejecutivo para el paquete de leyes de seguridad, entre ellas la que define el Código Procesal Penal.

Es que la consigna de “no volver atrás” que enarbola el gobierno de Maximiliano Pullaro para defender su objetivo encontró voces que revelan su naturaleza opuesta: es, precisamente, un regreso al pasado en materia de atribuciones a las fuerzas de seguridad, y respeto de las garantías constitucionales.

Uno de los puntos más polémicos es la extensión del plazo que una persona podría permanecer detenida por averiguación de antecedentes, hasta por 48 horas.

Este martes, la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, pidió a los legisladores que acompañen el paquete de reformas enviado por el Ejecutivo. “Tenemos que consolidar el modelo de seguridad y profundizar las acciones, porque no creo que ningún vecino quiera volver atrás”, sostuvo, al reivindicar la reducción del 63 por ciento de los homicidios y los más de 150 puntos de venta de drogas derribados o inactivados en la provincia.

Sin embargo, la apelación a no retroceder adquiere otro sentido cuando se examina la evolución de las normas que regulan las detenciones policiales por averiguación de identidad. El abogado constitucionalista Oscar Blando, docente de grado y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y exdirector de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, advirtió que el proyecto oficial profundiza una tendencia regresiva que ya había comenzado con modificaciones anteriores.

“Historia de un retroceso en Santa Fe”, tituló Blando su análisis, en el que cuestionó que una facultad policial históricamente asociada a prácticas abusivas, y utilizada durante la dictadura cívico militar, no solo no haya sido eliminada, sino que se haya ampliado progresivamente.

De seis horas a dos días

El recorrido normativo permite dimensionar el cambio. La ley provincial 7395, de 1975, habilitaba la detención por averiguación de antecedentes y medio de vida por hasta 24 horas. En 1997, la ley 11516 redujo ese plazo a seis horas para la averiguación de identidad ante sospechas o indicios de la comisión de un delito.

En 2024, la ley 14258 amplió los supuestos de intervención al incorporar la resistencia a identificarse en la vía pública, aunque mantuvo el límite de seis horas de retención policial.

Ahora, el proyecto impulsado por la administración Pullaro incorpora la posibilidad de demorar personas en una “zona de intervención policial” por razones vinculadas con la seguridad pública, la circulación por el lugar, la identidad, el medio de vida o el domicilio. Y esa restricción de la libertad podría extenderse hasta 48 horas.

El cambio no es menor: supone pasar de un límite de seis horas a un máximo de dos días de privación de libertad bajo una facultad policial que no requiere, en principio, una orden judicial previa. La utilización del término “demora” no elimina las implicancias de una medida que restringe la libertad ambulatoria.

“El proyecto duplica el plazo que la ley establecía en dictadura, y además, amplía los motivos para darle esa atribución a la policía”, se alarmó Blando en diálogo con Rosario/12.

Las garantías, en discusión

Para Blando, la propuesta entra en tensión con el artículo 14 de la Constitución provincial reformada en 2025. Su objeción apunta a que, mientras el marco constitucional actualizado establece garantías para las personas, la reforma legal avanzaría en sentido contrario al extender las facultades policiales de restricción de la libertad.

La discusión excede la disputa política sobre quién ofrece mejores resultados en materia de seguridad. También pone en cuestión –observó el constitucionalista– cuáles son los límites que debe respetar el Estado al intervenir sobre los ciudadanos y qué controles deben existir para evitar detenciones arbitrarias.

En contraste, Coudannes antes generalizó: “Los delincuentes son delincuentes, y ahí no hay discusión ideológica que valga”.

Pero el planteo de los especialistas advierte precisamente sobre el riesgo de que, bajo la bandera de combatir el delito, se amplíen herramientas estatales que afectan derechos fundamentales sin que medie una sospecha concreta de comisión de un delito ni un control judicial oportuno.