Cuáles son las multinacionales detrás del proyecto y porque hubo récord mundial de inscriptos a la audiencia pública

104 mil personas se inscribieron en la audiencia pública para discutir la modificación de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación desde el pasado 26 de febrero. Sin embargo, solo permitieron disertar al 0,3 por ciento de los anotados.

“Fue muy escandaloso”, resumió el abogado ambientalista y presidente de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, Enrique Viale, en Radio 750.

La audiencia se logró a partir del reclamo de las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentinas que exgieron a la Cámara de Diputados una instancia participativa, de información, pública y federal para que el proceso legislativo no fuera un mero trámite.

“Llamaron a esta audiencia pública pensando que se iban a anotar 300, 400 personas y terminó siendo récord mundial”, detalló.

Finalmente, la Cámara de Diputados recortó la audencia a solo dos días, este miércoles y jueves, que se llevó a cabo en modalidad virtual. Este miércoles, con el Congreso vallado, las audiencias se produjeron mientras afuera una multitud protestó por la limitación a los inscriptos y la modificación de la ley aprobada en 2010. Se encontraban allí organizaciones ambientales, autoconvocados y dirigentes de la Coalición Cívica, La Cámpora y la izquierda.

Un límite te pido

La ley, aprobada en 2010 establece que, a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), se debe llevar un inventario de los glaciares en territorio argentino (actualmente, están contabilizados 16 mil glaciares y ambientes periglaciares) sobre los que no puede desarrollarse actividad minera e hidrocarburífera.

Esto corresponde apenas al 0,21 por ciento del territorio continental argentino, es decir, los desarrollos privados tienen el 99 restante para la explotación. Pero pareciera no ser suficiente: “Lo que quiere cambiar el gobierno es reemplazar esa mirada científica (la del IANIGLA) para que cada provincia pueda, mediante simple resolución de funcionarios de no sabemos qué nivel, decidir que tal glaciar o tal ambiente perigracial no tenga protección. Ese es el eje”, explicó el abogado ambientalista con Nora Veiras.

Los intereses detrás de la Ley

Como ya se vio con la Ley Bases, las modificaciones de la legislación en Argentina tienen redactores en las sombras. En el caso de la Ley de Glaciares son algunas multinacionales con intereses en los minerales debajo del territorio protegido.

Con ubicación en San Juan, uno de los involucrados es el proyecto Vicuña, formado por capitales trasnacionales de mineras, una sociedad entre la corporación Lundin y BHP, una de las mineras más grandes del mundo de capitales angloaustralianos. Conocido además por ser responsable del colapso de Brumadinho en Brasil, cinco años atrás .

“Fue la ruptura de un dique minero que arrasó con un pueblo entero y dejó decenas de muertos, uno de los máximos pasivos ambientales visibles de las últimas décadas de la gran minería”, recordó Viale. El desastre de Brumadinho se cobró la vida de 270 personas y todavía hoy se buscan restos de desaparecidos.

Otro proyecto en San Juan es el de Los Azules, que pertenece a la corporación Río Tinto, también líder a nivel mundial y de capitales del Reino Unido y Australia.

“Es sobre lo que denunciamos ayer, los vínculos de Río Tinto con la senadora nacional Flavia Royón. Hay muchos diputados y senadores con vínculos e intereses, no hay nada inocente acá”, subrayó el presidente de los Abogades ambientalistas.

La afamada Barrick Gold también está detrás de un proyecto sanjuanino, el Veladero, que ya tuvo cinco derrames mineros y ya cortó el glaciar Almirante Brown para su emprendimiento.

Por último, en Catamarca se encuentra el proyecto Mara, de Glencore, que se presenta como “una de las mayores empresas globales de recursos naturales” y que tiene detrás al fondo buitre BlackRock.

“Hay dos o tres más, pero estos son los que escribieron esta reforma”, aseguró Viale. “Yo no quiero ni siquiera dar la discusión de minería sí o no, que la podría dar porque tengo miles de argumentos para demostrar que esa actividad es muy dañina. Pero en este caso discutimos que además quieren hacerlo en la naciente de los ríos. No tienen ningún tipo de límites, tienen una voracidad muy grande. Una vez destruido el glaciar, es para siempre”, concluyó.