Declaraciones juradas: el Gobierno da dos meses más y crece el foco sobre Adorni

La Oficina Anticorrupción decidió extender hasta el próximo 31 de julio el plazo para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas patrimoniales integrales, una medida que se oficializó en medio del fuerte revuelo político generado por las denuncias que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 3/2026 publicada en el Boletín Oficial y lleva la firma de la titular del organismo, Gabriela Carmen Zangaro. Hasta ahora, el vencimiento estaba previsto para fines de mayo, pero el nuevo esquema otorga dos meses adicionales para cumplir con esta obligación.

Desde la OA explicaron que la modificación responde a la necesidad de compatibilizar los plazos con los vencimientos fiscales establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), particularmente en lo vinculado a los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales, cuyos cierres se producen durante la primera quincena de junio.

La resolución sostiene que era necesario “adecuar la fecha de vencimiento” de la Declaración Jurada Patrimonial Integral prevista en la Ley 25.188 para brindar a los funcionarios un plazo razonable que permita completar correctamente toda la información exigida.

El organismo recordó además que la DJPI debe presentarse en tres instancias clave: al asumir un cargo público, en la actualización anual obligatoria y al momento del cese de funciones.

La decisión cobra especial relevancia política porque se da en simultáneo con las acusaciones que pesan sobre Adorni, quien enfrenta cuestionamientos por presunto enriquecimiento ilícito y por la supuesta adquisición de inmuebles que no habrían sido correctamente declarados.

A esto se sumó otra causa vinculada al viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial durante la denominada “Argentina Week”. Sin embargo, esa investigación fue archivada por el juez federal Daniel Rafecas, con aval de la fiscal Alejandra Mangano.

Según determinó la Justicia, no existió delito ya que el traslado no implicó gastos adicionales para el Estado ni representó una irregularidad administrativa. Entre los fundamentos se destacó que había plazas disponibles en la aeronave oficial y que la presencia de Angeletti no modificó los costos operativos del viaje.

Desde el Gobierno celebraron rápidamente el cierre de esa causa en redes sociales, aunque el frente judicial por las denuncias patrimoniales continúa generando tensión política y mantiene a Adorni en el centro de la escena pública.