ASISTECIA
Declaran la emergencia agropecuaria en distritos bonaerenses tras las inundaciones
La resolución impulsa la suspensión de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos nacionales y la prórroga en el vencimiento de obligaciones impositivas y previsionales.
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El impacto de los excesos hídricos derivados de las intensas precipitaciones obligó a las autoridades a instrumentar medidas de asistencia para el sector productivo en el territorio bonaerense.
A través de una resolución de la Comisión Nacional de Emergencias Agropecuarias publicada en el Boletín Oficial, se convalidó la normativa provincial para brindar un respiro financiero a los establecimientos rurales que sufrieron pérdidas de consideración en su capacidad productiva y comercial a causa de las persistentes inundaciones.
La herramienta legal aprobada consiste formalmente en la suspensión de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos nacionales, además de contemplar la prórroga en el vencimiento de obligaciones impositivas y previsionales hasta el próximo ciclo productivo.
Asimismo, los productores alcanzados podrán computar beneficios especiales en el Impuesto a las Ganancias por la venta forzosa de hacienda, una medida diseñada específicamente para amortiguar el impacto económico sobre quienes debieron evacuar animales ante el avance del agua.
El período abarcado, los distritos asistidos y el porqué de los tiempos
La homologación oficial detalla que la emergencia agropecuaria rige de manera retroactiva para el partido de 9 de Julio, afectado por el desborde de napas y lluvias extraordinarias, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de este año.
En el caso de Necochea, el beneficio se circunscribe específicamente a las circunscripciones IV, V, X y XI, abarcando el período crítico entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.
La razón por la cual la asistencia formal llega en este momento responde a los tiempos administrativos y burocráticos que demanda el proceso: primero deben realizarse los relevamientos locales de daños catastrales, luego la provincia dicta su propia emergencia a nivel ministerial y, finalmente, la Nación convalida el decreto para que comiencen a regir efectivamente los alivios fiscales de AFIP y los beneficios bancarios, una demora administrativa que los productores rurales suelen criticar por llegar cuando el agua ya arrasó con las cosechas.