Denuncian penalmente a funcionarios de Río Negro por responsabilidad en el ataque de Lago Escondido

La abogada y exsenadora por Río Negro Magdalena Odarda, quien ya había presentado un amparo en la causa judicial por el libre acceso a Lago Escondido, denunció penalmente a los empleados del magnate británico Joe Lewis por los “ataques contra los manifestantes que quisieron acceder por el camino público de Tacuifí”; y a la ministra de Seguridad, Betiana Minor, y su jefe de Policía, Osvaldo Telleria, por “omitir actuar para garantizar la seguridad de las personas”.

La abogada sostuvo entonces: “Entendemos que con su accionar la ministra de Seguridad y Justicia y el jefe de Policía omitieron actuar para garantizar la seguridad de las personas. Los manifestantes ingresaron por un camino de uso público y recibieron golpes y lesiones que pudieron haber sido fatales”.

Por este motivo, la exsenadora consideró: “Además de la responsabilidad propia de la patota que llevó adelante la represión, también hay responsabilidad política, porque se dejó actuar".

La denuncia penal se presentó días atrás, luego de que se conociera que nueve manifestantes y una fotoperiodista fueron retenidos durante dos horas y agredidos por peones rurales que responden a Lewis, en un incidente producido durante la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.

La agresión denunciada por participantes y organizadores de la protesta ocurrió cuando los manifestantes intentaron ingresar al Camino del Tacuifí, uno de los accesos al espejo de agua.

“No se cumplió con la sentencia del juez de Bariloche, que obligó al gobierno de Río Negro ha garantizar la salud de las personas. Más allá de que hayan podido salir, entendemos que tiene que haber un proceso penal respecto a los funcionarios públicos por incumplimiento de sus deberes y de los privados que llevaron adelante la represión”, explicó la única amparista en la causa.

Las ocho personas con heridas de distinta gravedad fueron derivadas a un centro de salud de la localidad de El Foyel.

Para Odarda, la violencia contra los militantes se dio porque Joe Lewis encuentra “garantías en el poder político de Río Negro” que permiten que “haya un cierre total del acceso seguro y público de Tacuifí para todas las personas”.

En septiembre pasado, la cámara de Bariloche ordenó abrir el paso a Lago Escondido por Tacuifí en las tierras que posee el magnate británico en ese paraje cordillerano, y el Gobierno de Río Negro, encabezado por Arabela Carreras, apeló esa decisión ante el Tribunal Superior de esa provincia.

La abogada explicó que el camino de Tacuifí existía “antes que Lewis compre el campo” y que la mansión que ostenta el empresario fue construida justo encima del mismo.

“Cerca del camino pasa la empresa hidroeléctrica que tiene Lewis, donde utiliza el agua pública del Lago. Si se abre el camino de Tacuifí va a quedar esto al descubierto".

Según Odarda, esto significaría para Lewis “perder totalmente la privacidad que le ha dado el poder político para utilizarlo como un paraíso privado”.

La única amparista en la causa indicó que se ha propuesto al magnate realizar un desvío del camino para llegar al Lago sin pasar por la mansión, pero que hasta ahora no ha sido aceptado.