Denuncian penalmente a Larreta por el uso ilegal de datos biométricos

El diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Casaretto denunció penalmente al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por haber solicitado al Registro Nacional de las Personas (Renaper) información de sus datos biométricos para un sistema de reconocimiento facial que finalmente terminó siendo declarado inconstitucional.

Según expresó el legislador a través de un hilo publicado en la red social Twitter, “mediante un mail del Ministerio Público Fiscal de la Nación, fui informado que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se solicitó al Registro Nacional de las Personas información de mis datos biométricos, así como de otras personalidades públicas, como el Presidente de la Nación, la vicepresidenta, legisladores de distintos partidos, jueces, empresarios, dirigentes sindicales”.

“Mis datos fueron solicitados el 6/4/2020, a pocos meses de iniciar mi mandato como diputado nacional”, explicó Casaretto, y agregó: “Desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas se efectuó la denuncia penal por estos delitos de acción pública que se tramita como causa CFP 1311/23”.

En ese sentido, aseguró que “el doctor Esteban Venditti me informó oficialmente de la situación para ejercer las acciones administrativas y/o judiciales que estime corresponda en salvaguarda de mis derechos”.

“El convenio entre Renaper y CABA se refería al intercambio de información para el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP). La tecnología permite localizar personas mediante la detección de rostros a través de 300 cámaras de videovigilancia que están ubicadas en distintas calles y estaciones de subte. Este sistema fue declarado inconstitucional por la Justicia en su uso indiscriminado, violando la ley de Protección de Datos Personales (n° 25.326)”, concluyó el legislador.

Vale mencionar que, tal como informó este diario, hace un mes la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente por “violación de secretos” a las autoridades del gobierno porteño por la presunta utilización de datos biométricos sin una “justificación racional”.

En ese caso, la investigación fue realizada por el fiscal Sergio Rodríguez, quien en un expediente de 31 páginas resolvió efectuar la denuncia penal por hechos que se encuadran en los de “acción pública previstos en el artículo 157” del Código Penal.