Denunciarán al Estado argentino en Washington por “obligar a las niñas abusadas a parir”

En Argentina y por año, son cerca de 2.500 niñas menores de 15 años quienes llegan a los hospitales a parir.

Aquellas provincias que tienen los índices más altos de embarazo infantil son Tucumán, Salta, Misiones y Santiago del Estero. De esas cifras, se estima que el 80% de esos embarazos son producto de violencia sexual: ocurren en el ámbito intrafamiliar o en círculos cercanos a las víctimas.

Sumado a este panorama, hay varias provincias que impiden que las niñas víctimas de violencia sexual puedan acceder al derecho al aborto legal – a pesar de la existencia del artículo 86 del Código Penal que permite dicha práctica por tres motivos, uno de ellos la violación.

De esta forma, el próximo 27 de septiembre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington (EE.UU.) trataran esta problemática. En otras palabras, denunciarán los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas producto de una violación para acceder a un aborto, derecho que fue ratificado por la Corte Suprema de la Nación en el fallo FAL en 2012.

Las voceras que expondrán esta situación son: Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, Fernanda Marchese, directora ejecutiva de ANDHES (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales) y Celia Debono, coordinadora nacional de CLADEM (Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer).

Además de denunciar este panorama de nuestro país, pedirán una audiencia regional porque detectan similares violaciones a los derechos de las niñas en los países de Latinoamérica y el Caribe.

Para ejemplificar la situación argentina, las organizaciones presentarán un caso testigo: Lucía, la nena de 11 años que fue violada por el novio de su abuela en Tucumán y a quien el Estado provincial intentó por todos los medios negarle el acceso a su derecho al aborto.