Denunciaron a Quirno y al director del Museo Sarmiento por cancelar un ciclo de cine ruso

Un grupo de abogados denunció penalmente al canciller Pablo Quirno y a Diego Barros, director del Museo Histórico Sarmiento, por cancelar de manera abrupta un ciclo de cine ruso contemporáneo que se proyectaba en la mencionada institución del barrio porteño de Belgrano. La decisión se tomó por pedido de la Embajada de Ucrania en Argentina.

El ciclo estaba compuesto por cuatro películas: El regreso, de Andrey Zvyagintsev, El arca rusa y Leviatán, de Aleksandr Sokurov, y La isla, de Pavel Lungin. Tras la proyección de las dos primeras, se comunicó que las otras dos, previstas para los domingos 18 y 25 de octubre, se cancelaban.

“Al recibir una comunicación formal firmada por Yurii Klymenko, embajador de Ucrania en la República Argentina, y considerando el contexto internacional de público conocimiento que atraviesa la relación entre Ucrania y Rusia, la Dirección del Museo resolvió levantar las últimas dos películas del ciclo previsto”, dijo a La Nación Diego Barros, director interino del Sarmiento.

Tras la recepción del reclamo, la Cancillería derivó la presentación a la Secretaría de Cultura, que a su vez la envió a la Dirección Nacional de Museos hasta, finalmente, llegar a las autoridades del Museo Histórico Sarmiento.

“La decisión respondió a un criterio de prudencia institucional, con el propósito de evitar que la actividad pudiera sumar un nuevo elemento de tensión en un contexto particularmente sensible. En ningún caso se trató de una valoración sobre la calidad artística de la propuesta”, agregó Barros.

Fue en ese marco que los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla impusaron la presentación judicial contra el canciller Pablo Quirno y el propio Diego Barros. Los letrados sostienen que las autoridades nacionales incurrieron en un acto de censura previa al restringir el acceso del público a obras artísticas en función exclusiva de la nacionalidad y el origen geográfico de las producciones.

Para los denunciantes, los funcionarios involucrados habrían emitido órdenes contrarias a las normas constitucionales que garantizan la libertad de expresión y el acceso a la cultura, cediendo ante presiones externas en lugar de preservar la autonomía de los espacios públicos.

La denuncia les atribuye la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, y la infracción a la ley de actos discriminatorios, tipificados en el artículo 248 del Código Penal y en la Ley 23.592 respectivamente.

Los abogados denunciantes solicitaron que se libre un oficio a la Cancillería para obtener copia de la nota presentada por la embajada ucraniana y que el museo informe formalmente qué disposición administrativa ordenó la interrupción de la actividad.