POLÉMICA

Denunciaron al gobierno porteño ante la OIT por asbesto en los subtes

Los gremios denunciantes citaron que, según la Organización Internacional del Trabajo, existen “obligaciones precisas” sobre la prohibición de esa sustancia en los lugares de trabajo y “exigencias para su eliminación”.

La Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (Agtsyp), junto a la CTA de los Trabajadores, presentaron ayer un escrito frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde denunciaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por “la presencia de asbesto en los subtes” y el “incumplimiento de normas internacionales de protección a la salud”.

A través de un comunicado, la Agtsyp informó que en la presentación efectuada ante la OIT denunciaron al gobierno porteño “por la presencia de asbesto en el ámbito del subte y por el incumplimiento de normas internacionales de protección de la salud contra esta sustancia cancerígena”.

Como fundamento, el gremio citó que, según la OIT, existen “obligaciones precisas” sobre la prohibición del asbesto en los lugares de trabajo y “exigencias para su eliminación”. Asimismo, señalaron que los empleadores, en este caso la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y la concesionaria Metrovías-Emova, tienen “la obligación de informar detalladamente y elaborar un plan que restrinja efectivamente el contacto con esta sustancia contaminante”.

Los trabajadores nucleados en la Agtsyp sostuvieron que “ninguna de estas medidas se está llevando a cabo” con la “complicidad” del gobierno porteño, a pesar de las medidas que la organización ­sindical ha estado llevando a cabo en reclamo del retiro del componente cancerígeno para evitar el riesgo que implica para trabajadores, usuarios y vecinos la exposición al mismo.

Una de las normas invocadas por el gremio en su denuncia internacional es “el derecho de los trabajadores a interrumpir la prestación de servicios cuando esta conlleve un peligro para su salud”.

También señalaron que esta decisión “no puede acarrear sanciones por parte del empleador” y que los representantes de los trabajadores deben “recibir información adecuada sobre las medidas tomadas para garantizar la seguridad y la salud”, así como tener la “posibilidad de examinar todos los aspectos relacionados con su trabajo en este ámbito”.