Detuvieron al "Rey de La Salada", tras realizar 60 allanamientos

El empresario Jorge Castillo, conocido como "el Rey de La Salada", quedó detenido en el marco de un amplio operativo en el que se realizaron cerca de 60 allanamientos contra la venta ilegal.  Castillo fue aprehendido en un country de Zona Oeste. El "Rey de La Salada" se encuentra acusado de evasión, contrabando y lavado de dinero.

En detalle, el expediente - firmado por el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona - da cuenta de un total de 60 allanamientos simultáneos en distintas ferias, oficinas, depósitos y domicilios.

El operativo, ordenado por el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nro 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Armella y la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora a cargo de Incardona, es el resultado de una investigación iniciada en 2023 por la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA. Según detallan las fuentes judiciales, la misma logró identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 personas involucradas y múltiples maniobras de blanqueo de capitales.

El operativo se realizó a altas horas de la madrugada.

Durante el allanamiento al domicilio de Castillo, se contó con la presencia de 30 efectivos en el country Haras Argentino Farm Club, ubicado en Luján. Allí, se secuestraron documentación contable y societaria, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo, mercadería y registros de operaciones financieras. Además, en el operativo colaboraron efectivos de la Dirección General de Aduanas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la División Canes y personal especializado.

Armella también solicitó la detención de otras 20 personas, además de realizar allanamientos en otros lugares de venta, tales como El Olimpo y las galerías ubicadas en el barrio porteño de Flores.

Las medidas fueron impulsadas por la Justicia luego de meses de vigilancia y análisis de movimientos patrimoniales que permitieron reconstruir la ruta del dinero desde las ferias hasta sociedades constituidas para aparentar operaciones lícitas. En tanto, se registró que una empresa funcionaba como la estructura contable legalizada para el presunto blanqueo de las millonarias recaudaciones en efectivo provenientes del comercio informal.

El informe de Estados Unidos 

Durante 2024, un informe de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos volvió a apuntar contra la Argentina por deficiencias en la protección de la propiedad intelectual. Una vez más, La Salada —el histórico predio informal ubicado en Lomas de Zamora— fue mencionado como uno de los principales focos de comercialización de productos falsificados, junto a zonas como el barrio de Once y otras localidades del país.

Frente a este nuevo llamado de atención, que Washington reitera cada año, la Cancillería argentina respondió a través del secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, quien aseguró que la fiscalización se retomará en junio. El funcionario explicó que “el cambio de gobierno obligó a reestructurar organigramas y la agenda oficial de actividades”.

"Está el tema de La Salada, de la venta por Internet. Ellos lo que dicen es: ustedes tienen la legislación, pero no tienen el enforcement, es decir, la aplicabilidad de la ley", explicó Cima, en relación a los cuestionamientos norteamericanos.

Desde la Secretaría de Comercio, en tanto, confirmaron que se está trabajando en un nuevo plan nacional de fiscalización en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior, con el objetivo de reforzar los controles en todo el país.

Estados Unidos lleva más de una década señalando a La Salada como un “mercado al aire libre” de magnitud regional en cuanto al volumen de comercio informal. A esta preocupación se suma ahora la persistente venta online de productos falsificados y el avance de la piratería digital, todo bajo la sombra de una “casi inexistente” sanción penal efectiva, según insiste el informe.

Además, el informe norteamericano subrayó la falta de protección para sectores clave de la economía argentina, como el químico y el agroindustrial, frente a prácticas comerciales desleales y filtraciones de datos sensibles generados durante el proceso de aprobación de productos.