Diputados debaten reformas del Código Penal con foco en la seguridad

Tras dos semanas de receso, la Cámara de Diputados reanudará sus actividades enfocándose en la agenda de seguridad.

El miércoles, la Comisión de Legislación Penal debatirá cuatro proyectos importantes: modificaciones en la legislación sobre Trata de Personas y Secuestro de Armas de Fuego, ley de Régimen Penal Juvenil y Abordaje Integral del Crimen Organizado.

El próximo 7 de agosto, durante una sesión especial, se considerarán otros dos proyectos con consenso dentro del oficialismo y los bloques dialoguistas: la regularización de armas de fuego y la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos. La prioridad del Gobierno es avanzar en estas reformas significativas del Código Penal para fortalecer su agenda de seguridad, una de sus principales promesas de campaña.

La Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado, convocó al tratamiento de estos proyectos con la expectativa de lograr dictámenes favorables rápidamente. Sin embargo, el proyecto de Abordaje Integral del Crimen Organizado, conocido como Ley Antimafias, enfrenta más incertidumbre debido a las dudas sobre la definición de crimen organizado y la implementación de una fuerza especial.

En paralelo, el Gobierno también impulsa la baja de la edad de imputabilidad. El proyecto oficial propone reducir la edad de 16 a 13 años, mientras que el PRO y la UCR sugieren una reducción a 14 años. Estas propuestas buscan crear un marco normativo que incluya asistencia educativa y programas de capacitación laboral para los menores imputables.

La urgencia del debate y la necesidad de financiamiento adecuado para estas reformas también son temas cruciales. El Doctor en Criminología Marcelo Aebi resaltó la importancia de contar con un presupuesto para la implementación efectiva de las leyes. Los diputados coinciden en que estas reformas implicarán cambios estructurales significativos y requerirán de mayores recursos estatales para su ejecución.

Los datos de la Corte Suprema indican que en 2022 se iniciaron causas penales a 1,643 menores de edad, con un aumento del 17% respecto al año anterior. La mayoría de estos delitos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, donde la sobrepoblación carcelaria es un desafío adicional que deberá ser abordado para garantizar la efectividad de las nuevas leyes.

Esta sesión especial de la Cámara de Diputados promete ser un paso crucial en la reestructuración del sistema penal argentino, buscando fortalecer la seguridad y adaptarse a las nuevas demandas sociales.