Duro dictamen de la Bicameral por la Gestapo

La Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia conformada en el Congreso Nacional emitió ayer un duro dictamen de mayoría por el caso de la “Gestapo antisindical” o “GestaPRO”, como se conoce a la mesa judicial que funcionó durante el gobierno de Mauricio Macri en la Nación y el de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y que se dedicó a perseguir a gremialistas a través de causas armadas.

La Comisión refrendó un informe de 120 páginas elaborado por una subcomisión de la misma, que, bajo el título “El Estado mafioso, parte II”, desmenuza la actividad ilegal de la “GestaPRO”, que salió a la luz hace casi un año con la difusión de la filmación secreta de una reunión de esa mesa antisindical, en 2017, en la sede porteña del Banco de la provincia de Buenos Aires (Bapro).

En esa reunión estaban presentes el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, y otros altos funcionarios del gabinete de Vidal; el senador del PRO Juan Pablo Allan; el intendente de La Plata, Julio Garro; tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y varios empresarios de la construcción.

En su informe, que se apoya en las declaraciones de 25 personas ante los legisladores integrantes de la comisión, además de documentos, audios y videos, el cuerpo incluye elementos que demostrarían el “accionar ilícito de directivos” de la AFI, “como de autoridades gubernamentales y judiciales de las máximas esferas de los Estados nacional y provincial” durante la administración de Macri y Vidal, precisa la introducción del texto.

Los hechos descriptos no se limitan a las reuniones y comunicaciones de la propia “GestaPRO”, sino que incluyen también las tareas de seguimiento al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina, la “maniobra de criminalización” de los dirigentes camioneros Hugo y Pablo Moyano, la presión a los jueces Luis Carzoglio y Gabriel Vitale, el cableado de una alcaidía y más.

“Se corroboraron los accesos a bases de datos sin control judicial” como parte de una operatoria de persecución a través de la agencia oficial de inteligencia, lo que se sumó a la “pata judicial” consistente en el avance con causas judiciales por extorsión prácticamente dictadas por Villegas a los empresarios, revela la investigación plasmada en el informe. “La subcomisión lo elevó a la comisión y hoy (por ayer) ha sido aprobado como dictamen de mayoría”, explicó el diputado Eduardo Valdés en declaraciones a diario Hoy y la Red 92. “Ahora vamos a comunicarlo a todos los organismos, tanto nacionales como de la Justicia, donde se están sustanciando estos casos, y vamos a intentar tratarlo tanto en el plenario del Senado como de Diputados”, agregó.

Entre quienes firmaron el dictamen de minoría (o sea, en contra del informe) se encuentra Cristian Ritondo, del PRO, que aspira a convertirse en gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones del año próximo, es decir, a ocupar el mismo cargo que Vidal en aquel momento.