El club de amigos de los represores: un cura, un exjuez y las maniobras para lograr que vuelvan a sus casas

Guillermo Montenegro viene pasando bajo el radar. Sin embargo, fue él quien redactó un comunicado para exigir respeto por los derechos humanos de Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y los otros genocidas que están presos en la cárcel de Ezeiza después de visitarlos. El diputado –que hasta principios de año fue la mano derecha de Victoria Villarruel– envió un texto a un grupo de WhatsApp con el que pretendía que el resto de sus colegas exigieran que se revisaran los casos de los criminales de lesa humanidad y se les otorgara la domiciliaria en forma urgente. La información surge de la denuncia penal que presentó en la justicia federal de Lomas de Zamora la legisladora Lourdes Arrieta, que fue parte de la comitiva y que, en plan de redimirse, este miércoles anduvo con un ejemplar del Nunca Más bajo el brazo.

Arrieta dice que viene recibiendo presiones de integrantes de la Cámara de Diputados desde que estalló el escándalo por la excursión al penal de Ezeiza. Y la diputada –que se hizo conocida por presentarse con un patito en la cabeza y decir que no conocía a Astiz por haber nacido en 1993– parece haberse decidido a abrir una compuerta hacia el mundo de quienes conspiran para que se caigan los juicios y los represores recuperen la libertad.

El primer chat

La trama que cuenta Arrieta comienza en febrero. Para esa fecha, ella ya había trabado alguna relación con el cura Javier Olivera Ravasi, un influencer ultracatólico que es hijo del genocida Jorge Olivera. Según Arrieta, fue Beltrán Benedit –el diputado que organizó la visita del 11 de julio– quien los presentó porque ella es una mujer de fe.

Olivera Ravasi creó el 21 de febrero un grupo de WhatsApp con la intención de organizar una comida el 14 de marzo a las 19.30 en el palacete de Montevideo 871. En ese grupo estaban los diputados Benedit, Arrieta, Alida Ferreyra Ugalde –otra de las legisladoras que fue a ver a Astiz–, Carlos Zapata y Celeste Ponce. Se encontraban también los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, que fueron quienes pidieron que Casación fijara nuevas reglas para el acceso a la domiciliaria en casos de lesa humanidad tan solo un día después de que asumieron Javier Milei y Victoria Villarruel.

Según Arrieta, en ese grupo también estaba Eduardo Riggi, exintegrante de la Cámara Federal de Casación Penal. En algunos mensajes que acompañan la denuncia se lo puede leer despotricando contra el procurador interino Eduardo Casal, a quien acusa de jugar para la izquierda y de haber traicionado a su exjefe Alfredo Bisordi (un juez jubilado que defendía a la dictadura desde la Casación), y contra el supremo Ricardo Lorenzetti, a quien califica como “enemigo de las Fuerzas Armadas”.

En ese chat, se discutieron cuestiones vinculadas al plazo razonable para juzgar un delito. Este diario reveló que existía un proyecto para establecer un plazo máximo en torno a los 25 años. De acuerdo con lo que dice Arrieta, la principal duda en este tema era cómo no afectar el caso AMIA.

La comida

El encuentro fue el 14 de marzo. Una semana antes, Luis Petri había mandado a dos funcionarios a la Unidad 34 de Campo de Mayo para ver a los presos de lesa humanidad.

El del 14 fue un encuentro para organizar la visita que se haría al día siguiente a la Unidad 34 de Campo de Mayo y la Unidad 31 de Ezeiza. “El diputado Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes”, escribió Olivera Ravasi.

Al menos Benedit y Ferreyra Ugalde fueron a Campo de Mayo el 15 de marzo, como publicó este diario. Benedit salió movilizado de esa visita. En su instagram, la hija de uno de los detenidos le agradeció, y él respondió que estaban trabajando por la “pronta liberación” de los "patriotas".

Decretos

El 22 de marzo, la Cámara de Casación rechazó el pedido de Olea y de Saint Jean de hacer un plenario para discutir las condiciones de acceso al arresto domiciliario para los mayores de 70 años.

Dos días antes, ya se intuía el camino que iba a tomar el máximo tribunal penal. Olivera Ravasi creó otro grupo de chat con el nombre “Proyecto decret”. Para entonces, ya estaba en poder del Ministerio de Defensa un proyecto de decreto para fijar en 25 años el plazo razonable para juzgar cualquier delito.

El cura convocó a un nuevo mitín. Sería el 10 de abril a las 19.30 en la casona de Montevideo 871. Para entonces, el único tema que se discutía en el mundo lesa era cómo Petri había desarmado los equipos que analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas y aportaban pruebas para las causas.

La visita

Olivera Ravasi armó otro chat con quienes participaron de la visita del 11 de julio. Allí estaban, al menos, los seis diputados que fueron a tomar el café con leche con sanguchitos con los genocidas en la Unidad 31: Benedit, Montenegro, Ferreyra, Arrieta, María Fernando Araujo y Rocío Bonacci.

Antes de irse, todos los diputados, a excepción de Bonacci, posaron para una foto de familia con los represores. Astiz sonreía desde la última fila. Según Arrieta, el exmarino le hizo marcación personal durante el encuentro: sabía que era hija de un excombatiente de Malvinas –sobre quien pesan acusaciones de haber participado en tormentos contra su propia tropa.

La foto se tomó con los teléfonos de Araujo y de Montenegro. La versión que circula en el Congreso es que quien registró el momento fue una asesora de Montenegro, pero su nombre no figura en ninguno de los informes que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) envió a la justicia.

El 13 de julio, Montenegro mandó una propuesta de comunicado al grupo en el que se decía que “la justicia no debe convertirse en un instrumento de venganza” y que veían con preocupación con las condiciones de reclusión de adultos mayores de 70 años. Exigían la revisión de las causas y al domiciliaria de los represores.

Montenegro es cultor del bajo perfil. Fue asesor de un legislador del PRO. Se define como peronista y fue cercano a Villarruel hasta principios de año. Ambos comparten la fundación Oíd Mortales, un sello nuevo para una asociación fundada por un exmiembro de la SIDE de la dictadura que reivindica los valores tridentinos –o sea, anteriores al Concilio Vaticano II. Según La Nación, Montenegro es hijo de un militar.

Arrieta denunció a Benedit, Olivera Ravasi, Saint Jean, Riggi, Olea, Ferreyra, Montenegro y Sharif Menem –mano derecha de Martín Menem en la Cámara de Diputados– y al jefe del SPF, Fernando Martínez. Pidió que se proteja a sus padres y a su hermano. “Los tipos que fueron a esa visita son todos cagones. Ante el primer ruido se escondieron, y dejaron solas a las mujeres que pedían aclarar la situación y el engaño. Cobardes. Se escondieron. Ni sus convicciones defienden”, dice Yamil Castro Bianchi, el abogado que la patrocina. Se espera que la diputada se presente a ratificar la denuncia ante el juez Ernesto Kreplak en las próximas horas, y que el escándalo siga creciendo.

El día jueves un grupo de Diputados de la Nación, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, realizamos una visita a la Unidad 31 de Ezeiza. Nuestro objetivo era evaluar la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad detenidos en

dicho establecimiento. Durante el recorrido, observamos con preocupación condiciones alarmantes que representan una grave violación a los derechos humanos.

Algunos de estos detenidos llevan años en prisión sin condena firme, la mayoría son personas mayores de 65 años, muchos de ellos gravemente enfermos. A estos individuos se les ha negado de manera injusta y arbitraria el beneficio de la prisión domiciliaria, en una clara transgresión de los derechos humanos fundamentales.

Esta situación es inaceptable y refleja una falta de consideración por parte de algunos jueces hacia la edad y el estado de salud de los detenidos.

La justicia no debe convertirse en un instrumento de venganza. La ley argentina contempla medidas humanitarias para los detenidos mayores de 65 años, como la prisión domiciliaria, cuando su estado de salud no puede ser adecuadamente atendido en un entorno penitenciario. Ignorar estas disposiciones es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad.

Es fundamental recordar que el derecho internacional, a través de instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser

humano. La falta de cumplimiento de estas normativas no sólo es una violación de la ley nacional sino también de los compromisos internacionales asumidos.

Queremos reconocer el arduo trabajo y el compromiso de las autoridades penitenciarias y del personal del servicio penitenciario, quienes, en muchas ocasiones, hacen todo lo posible para garantizar el bienestar de los internos en condiciones adversas.

Nos comprometemos a hacer todo lo posible para que en Argentina se respeten los derechos humanos y se aplique la ley con equidad y justicia. Exigimos que se revisen los casos de estos detenidos de manera inmediata y se otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a quienes lo necesiten y cumplan con los requisitos.

Hacemos un llamado a la sociedad y a las autoridades judiciales a reflexionar sobre esta situación y a tomar medidas concretas para garantizar que nuestro sistema de justicia respete los principios fundamentales de la humanidad.