El gobernador de Mendoza sigue con su avanzada de nombrar como no argentino al pueblo mapuche

El gobierno mendocino, en manos del radical macrista Rodolfo Suárez, intenta aprobar en la Legislatura provincial una resolución que podría declarar al pueblo mapuche como no argentino. La iniciativa que desconoce la preexistencia étnica de esa comunidad reconocida en la Constitución Nacional busca abrirle paso a la quita de territorios ancestrales que le fueron otorgados en febrero pasado. Las comunidades tildaron a ese proyecto de “racista y negacionista”.

El proyecto se trata hoy en el cuerpo legislativo con mayoría del oficialismo integrado por la sociedad UCR-Juntos por el Cambio. Tiene tres artículos que son duramente cuestionados por las comunidades originarias de esa provincia, que esta mañana convocaron a una marcha para frenar el avance del texto.

Primero rechaza la prórroga de la ley 26.160 que suspende las sentencias de desalojo y desocupación de las tierras comunitarias indígenas. Segundo, cuestiona el reconocimiento que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) hizo a comunidades mapuches sobre territorios en Mendoza. Y tercero, rechaza la argentinidad del pueblo mapuche.

“Los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”, dice el proyecto que impulsa el gobierno de Suárez.

“Racista y negacionista”

La respuesta de las comunidades no se hizo esperar. A través de un comunicado calificaron a la iniciativa de “racista y negacionista” advirtieron que su eventual tratamiento “promueve la confrontación” de la sociedad mendocina “con discursos de odio” hacia las comunidad mapuche.

“No es una resolución más. Si se aprueba, sería un antecedente muy negativo porque institucionalmente se estaría afirmando el racismo estructural”, advirtió por su parte Gabriel Jofré, werkén de la organización Malal Weche.

En términos de la plurinacionalidad de las comunidades, “somos mapuches y tenemos la ciudadanía argentina”, explicó Fabricio Silva, werkén (mensajero/vocero) de la comunidad We Newen. Por tener esa condición, agregó, “votamos, pagamos los impuestos y cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos argentinos”.

Por eso, al proyecto que les quitaría derechos “lo vivimos como algo muy violento” porque “es un intento de extranjerizar la identidad indígena”, consideró. “Ser argentino no tiene nada que ver con que no puedas ser indígena, y ser indígena no tiene que ver con que no puedas ser argentino”, sintetizó a Página/12.

Con esas críticas, decenas de integrantes de organizaciones mapuches, colla, huarpe y guaraní, entre algunas, se movilizaron hasta la Legislatura provincial. Exigen al oficialismo que dé marcha atrás con la iniciativa y advierten que presentarán una denuncia penal contra el Estado, en caso de que se la apruebe.

La disputa por las tierras

El mar de fondo que agita la discusión es lo que hay debajo de parte de las 21.370 hectáreas otorgadas en febrero pasado a tres comunidades en las ciudades mendocinas de Malargüe y San Rafael: petróleo.

La explotación petrolera en ese lugar es una de las fuentes de las que quiere beber el gobierno de Suárez, sostenido por el Frente Cambia Mendoza, la versión provincial de la alianza Juntos por el Cambio. Y por este motivo, intentó por todos los medios revertir el otorgamiento de tierras.

Como parte de esa zona integra el yacimiento de Vaca Muerta, el gobernador Suárez puso el grito en el cielo. Dijo que el gobierno nacional le entregó esas tierras a “pseudo mapuches” y exigió revertir la medida. Tuvo el apoyo del senador radical Alfredo Cornejo y de su líder Mauricio Macri.

El INAI aclaró que ese reconocimiento no implica la "entrega" o "cesión", sino que "demarca el territorio comunitario habitado históricamente por los distintos pueblos originarios a lo largo y ancho de la Argentina".

Por eso, sostuvo Silva, el intento de “no considerarnos pueblos originarios argentinos” es parte “de una manera actualizada y sistemática de crear una imagen negativa del indígena para después justificar cualquier avance sobre nuestros derechos y territorios, en defensa de la explotación de recursos por parte de grandes empresas”.

El problema es que el gobierno provincial “tiene decisión de tratarlo (en la Legislatura) porque hay una concentración de poder en una fuerza política que está llevando a que se cometan estos abusos”, lamentó Jofré.

Asimismo, consideró que la aprobación del proyecto “pondría en riesgo los logros de la democracia, que fueron la incorporación de derechos de las minorías y grupos que durante muchos años luchan por el reconocimiento de sus derechos”.

La jugada de Rody Suárez

Lo cierto es que la nueva jugada de no reconocer la argentinidad de los mapuches es una osadía más para apropiarse del lugar y tiene un objetivo cuyo paso a paso podría ser el siguiente: que el pueblo mapuche deje de ser considerado como “argentino”, que por lo tanto deje de estar amparado por la Constitución, que por ende no se le reconozca el carácter ancestral de esas tierras y que, finalmente, el Estado provincial se alce con la propiedad y explotación de esas superficies.

La jugada es riesgosa y camina sobre el filo de la inconstitucionalidad. Pero para encontrar un artilugio que intente pasar por encima de la Carta Magna y los tratados internacionales, el macrismo-radical citó supuestos estudios antropológicos que dicen que en Mendoza “no existe la comunidad mapuche como tal”, según lo afirmó el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda.

“Nadie ve las implicancias sociales, políticas y hasta psicológicas de esto. El otro día, una directora de una escuela rural puso en su estado de Instagram que ‘los mapuches no son de Mendoza’. A esa escuela van chicos de nuestras poblaciones que se sintieron discriminados cuando vieron eso”, narró Silva, quien además es miembro del Concejo de Participación Indígena y, como tal, acompañó a diferentes comunidades a realizar relevamientos territoriales y tramitar sus personerías jurídicas.

Para salir al cruce de esta intentona, las comunidades tuvieron que hacer lo que durante decenios no habían necesitado hacer: justificar su preexistencia en la Argentina cuando aún no era Argentina, y desfilar con esa apología frente a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados provincial.

Lo que demostraron tanto ellos como los estudios de investigadores del Conicet es que el pueblo mapuche camina por esas tierras “desde hace al menos 14 mil años”, citó el werkén. “Los relatos de nuestros mayores fueron respaldados por arqueólogos y antropólogos”, agregó.

Tanto ellos como especialistas en la materia explicaron y demostraron que vivían en Mendoza antes de que fuera Mendoza. Inclusive, antes que llegaran las familias de varios de los diputados del oficialismo que, sin embargo, tienen en sus manos la decisión de reconocerles la pertenencia o no al suelo en el que habitan.