El Gobierno busca regular las apps de delivery

La iniciativa estará centrada en dotar de protección a los repartidores de PedidosYa, Glovo, Rappi y UberEats que trabajan bajo modalidades precarias de contratación vía Monotributo, pero sin vinculación con empleadores y carentes de derechos elementales como una cobertura de salud, vacaciones o indemnización por despido.

De paso encuadrará a las compañías trasnacionales, que operan en un limbo jurídico, como empleadores sujetos a obligaciones previsionales e impositivas de las que hoy están exentas.

El proyecto, que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, encargó a un reducido grupo de abogados laboralistas que lo asesoran, será girado esta misma semana a algunos de los sectores involucrados, como los gremios que aspiran a representar a los trabajadores y los directivos de las compañías, entre otros, para después enviarlo al Congreso para su tratamiento.

La característica distintiva de otras actividades sujetas a la LCT será la distribución de la jornada laboral a cargo del repartidor. El Gobierno eligió equiparar el rubro a otros regidos por estatutos específicos como el trabajo agrario, el personal doméstico o la construcción.

La diferenciación con la normativa preexistente es clave: desde lo conceptual, la LCT representa el piso mínimo de derechos laborales y cualquier estatuto por fuera de ese encuadramiento representa una perforación de esa base, una legislación a la baja. Los defensores de su instrumentación alegan que en los hechos la ausencia de una reglamentación termina por operar a favor de la informalidad y la carencia de derechos.

La orientación ideológica que impulsará la administración de Alberto Fernández será la de ampliar la cobertura para los repartidores aunque evitará nominarlos como trabajadores en relación de dependencia.

Al eludir esa clasificación la normativa podrá disponer modalidades distintas de las habituales para la contratación, remuneración y desvinculación del personal involucrado. También tomará distancia de la propuesta que para el rubro tenía el Gobierno de Mauricio Macri, que había postulado crear la figura de “trabajador autónomo económicamente dependiente” para desligarlo legalmente de las empresas contratistas.