El Gobierno cerró la unidad que investigaba la desaparición de niños durante la dictadura

El Gobierno nacional ordenó este miércoles cerrar la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños durante la última dictadura militar, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi).

Desde la gestión libertaria argumentaron que el organismo, que permitió dar con la identidad de nietos apropiados, vulnera "el derecho a la intimidad", invade "competencias" del Ministerio Público Fiscal y afecta a "la división de poderes".

A través el decreto 727/2024, publicado esta medianoche en el Boletín oficial, el Ejecutivo derogó la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 del expresidente Néstor Kirchner, mediante el cual se creaba la unidad especial.

Este organismo se dedicaba a asistir a todos los requerimientos de la Conadi, como a las “peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ello".

Además, la Unidad podía "efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal”.

Para poder cumplir con su objetivo, el organismo tenía la potestad de acceder "en forma directa a todos los archivos de los organismos del Poder Ejecutivo Nacional incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, Fuerzas Armadas y de seguridad y los organismos registrales". 

"Todos los organismos dependientes del PEN darán carácter de urgente y preferente despacho a los requerimientos que efectúe la Unidad Especial de Investigación, a los efectos del esclarecimiento de los hechos criminales que han motivado el presente decreto", establecía la norma eliminada este miércoles por la gestión libertaria.

Según argumentó el Gobierno de Milei, el motivo de su disolución es que se daba "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal".

Además, afirman que trata de herramientas que "violentan" el "régimen constitucional" del país. "Invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos, afectando así la división de poderes, consagrada en la Constitución Nacional".