El gobierno de Bolsonaro modificó una norma sobre deportaciones de personas “peligrosas”

El Gobierno de Brasil modificó, para suavizar, una polémica norma de julio pasado que regulaba la deportación sumaria y prohibía la entrada de personas consideradas “peligrosas” para la seguridad del país.

La nueva medida, publicada en el Diario Oficial y firmada por el ministro de Justicia, el ex juez Sergio Moro, sustituye al texto anterior, objeto de duras críticas por parte de la Fiscalía General, entidades de juristas y organizaciones que dan asistencia a migrantes y refugiados.

La ordenanza inicial permitía la “deportación sumaria” de “personas peligrosas” o “que hayan practicado acto contrario a los principios y objetivos” de la Constitución brasileña.

Según ese texto, el Ejecutivo consideraba como “personas peligrosas” a los “sospechosos” implicados en terrorismo; crimen organizado; tráfico de drogas, de personas o armas de fuego; pornografía o explotación sexual infantil; e hinchas con historial de violencia en estadios de fútbol.

Pero la norma publicada hoy elimina el término “sumaria” y aclara que “no se procederá a la repatriación o deportación de ningún individuo”, cuando existan razones “para acreditar” que tal acción “puede poner en riesgo la vida o la integridad personal” del extranjero.

También destaca que ésta no se aplica a los extranjeros residentes debidamente regularizados en el país, como tampoco a las personas reconocidas por el Estado brasileño como refugiadas.

Además, amplía el plazo de dos a cinco días para que el individuo que sea notificado para su deportación presente su defensa ante las autoridades o deje el país de manera voluntaria.

Igualmente, introduce que la deportación de “personas peligrosas” envueltas en terrorismo o en alguno de los otros presupuestos descritos anteriormente, debe estar fundamentada en base a “razones serias” que lo impliquen en esos actos criminales.

También elimina de la lista de “sospechosos” a aquellos aficionados con una historia de violencia en los estadios, reportó la agencia EFE.

La norma antigua llegó a ser interpretada por la oposición al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro como un intento de intimidación al periodista estadounidense Glenn Greenwald, que encabeza el portal The Intercept Brasil, desde el que difundió una masiva filtración de supuestos mensajes entre Moro, durante su etapa como juez, y fiscales de la Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia del país.

Las conversaciones sugieren que Moro, hoy ministro de Justicia, coordinó los trabajos de los fiscales anticorrupción, algo estrictamente prohibido por ley.