Desfinanciación

El Gobierno de Milei presentó un nuevo recurso para evitar darle presupuesto a las universidades

Se trata de un recurso extraordinario elevado ante la Corte Suprema, que busca seguir evitando pagar la recomposición salarial aprobada por el Congreso.

El Gobierno nacional llevó a la Corte Suprema su reclamo para no cumplir con la ley que lo obliga a aplicar inmediatamente la norma y actualizar los salarios y los programas de becas.

El pedido ante el máximo tribunal es para evitar el pago de $2.5 billones a las universidades nacionales, a partir de una ley que fue aprobada en el Congreso en octubre de 2025. Así, el gobierno eludió lo que le ordena la Ley de Financiamiento Universitario votada a fines de 2025 que es recomponer salarios y presupuestos de las 60 universidades nacionales.

Los rectores, docentes, nodocentes y estudiantes nucleados en el Frente Sindical de Universidades ya anunciaron que convocarán en mayo a una movilización masiva de toda la sociedad para masificar el reclamo por salarios y presupuesto.

En 2025 la pérdida salarial fue de 35 puntos contra la inflación en términos salariales para los docentes y los trabajadores nodocentes, pero la caída más pronunciada fue en 2024 cuando la inflación fue del 118% y los salarios subieron 0 (si, cero).

Para ponerlo en más números, son 141 puntos lo perdido contra la inflación en dos años de la gestión libertaria, una cifra que equivale a haber trabajado sin cobrar durante siete de los 24 últimos meses. La debacle salarial lleva ya 17 meses ininterrumpidos de pérdida frente a la inflación, una situación insólita.

El resgistro de la pérdida salarial en las universidades elaborado por el Grupo Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación.

Derrumbe presupuestario de las universidades

Por su parte, el recorte de los gastos para que las universidades funcionen (gas, luz, agua) ya es del 45% en dos años y ese es el otro foco del reclamo.

La solución que buscó el gobierno nacional, en principio, mientras el conflicto escala, es una ley propia de financiamiento universitario que recompone apenas 12% de lo perdido en 2025 (cuando la inflación fue del 35% ) y cero del 2024, cuando la inflación fue del 118%.

La situación está al límite y ayer era el plazo para transferir los fondos a las casas de estudios superiores, pero ahora el gobierno nacional dilató algunos días más la crítica situación.