Polémica

El gobierno de Salta dispuso recortar sueldos para la emergencia

A través de una decisión administrativa firmada por Nicolás Demitrópulos, se descontará en septiembre un canon que llega hasta el 50% para el personal jerárquico, la mayoría son cargos no políticos. Descontento en los trabajadores.

El documento circuló ayer por la tarde entre quienes ocupan algún tipo de cargo en la estructura del Estado provincial, la mayoría de ellos jefes de programa y directores, que no llegaron de la mano de este gobierno sino que hicieron carrera y sus sueldos no superan los $60.000.

Si bien ya lo había adelantado el gobernador el domingo pasado, cuando anunció la vuelta al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) e informó que donaría su sueldo al sistema de Salud en el marco de la pandemia y como una medida para contestar a las críticas de los opositores que preguntaban a dónde fueron a parar los más de $1.600 millones que ya transfirió Nación para mitigar los efectos de la pandemia.

 
En su discurso, Gustavo Sáenz había declarado que solo tocaría los haberes de funcionarios y empleados de la clase política y no a cualquier funcionario de menor rango y que venga desempeñando sus labores de gestiones anteriores.

A su vez, dijo que enviaría un proyecto de ley “para que mientras dure la pandemia sean los legisladores quienes determinen que aquellos que estamos en la función pública hagamos un aporte para la salud”. 

Sin embargo ayer, con la rúbrica del Coordinador Administrativo, Nicolás Demitrópulos, circuló la decisión administrativa 1009 que decide disponer, en principio sobre los salarios de septiembre “la reducción de los niveles remunerativos y no remunerativos de gran parte del personal del Estado provincial".

El anexo indica que se deducirá de los ministros un 50%; de los secretarios de Estado, el 40%; de los subsecretarios o equivalentes, el 35; mientras que a los directores generales les descontarán el 25%. Al cargo de director se le descontará un 20% y a los jefes de Programa, el 15%.

Estos últimos dos, que son la mayoría, son los más perjudicados, ya que no son en ningún caso planta política y no cobran más de $60.000. A esto se suma que desde enero no reciben aumentos por un decreto de Sáenz en plena emergencia socio sanitaria y que desde ese mismo mes también comenzaron a hacer los aportes partidarios “algo que con la anterior gestión nunca ocurrió”, aseguraron algunos allegados.

En cuanto al personal de apoyo, es decir la planta política, que en estos casi nueve meses se incrementó llamativamente (hace unos días el diputado nacional Andrés Zottos afirmó que solo durante la pandemia el Ejecutivo engrosó el denominado personal de apoyo en 400 personas), los descuentos van desde el 40% para un nivel 1, que cobra alrededor de $145.000, y llega al 5% para el nivel 8, que llegan a cobrar unos $14.000.

En los considerandos de la decisión administrativa, se reitera que sin perjuicio de las medidas ya adoptadas para mitigar el impacto negativo del aislamiento, “es necesario el acompañamiento económico de los funcionarios y agentes del sector politico de la Administración Pública Provincial, con el propósito de alivianar las arcas estatales, para poder destinar dichos fondos al apoyo de los sectores privados que se han visto severamente perjudicados”.

Recuerda que el gobernador ya decidió donar el 100% de su remuneración de septiembre, y que “resulta procedente reducir en un porcentaje determinado la remuneración que perciben los funcionarios políticos o con funciones de gobierno (autoridades superiores)”. Algo que desde los últimos dos escalafones, directores y jefes se encargaron de negar, ya que son puestos que se consiguen a través de la carrera administrativa tras años en la gestión pública.

La medida incluye a todos los cargos fuera de escalafón, y del personal de apoyo en todos sus niveles que se desempeñan en la Administración Pública centralizada, descentralizada, entidades autárquicas, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y demás personas jurídicas del sector público.