El Gobierno declaró persona no grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán

La medida fue oficializada por la Cancillería a través de un comunicado difundido por el canciller Pablo Quirno donde se anunció la medida e instó a Mohsen Soltani Tehrani a abandonar el país en un plazo de 48 horas.

La decisión se respalda en "el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961", que le permite a un Estado expulsar a un representante extranjero sin necesidad de mayores explicaciones formales.

Este hecho se produce como respuesta al comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, donde sostuvo que “condena enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.

Además, mencionó que la medida “no solo viola los principios fundamentales del derecho internacional […] sino que constituye un error estratégico” y advirtió: “esta decisión […] genera responsabilidad internacional para el Estado argentino”.

También afirmó que el presidente y el canciller “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”.

En este sentido, el comunicado publicado esta mañana tiene el carácter “en respuesta al comunicado difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.

Incluso, el texto menciona que este episodio “se suma a la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA”.

Por otra parte, el comunicado toma gravedad al señalar que “resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”, y cierra: “La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.