El Gobierno evalúa extender los plazos de negociación con los bonistas para evitar un nuevo default

El viernes 8 de mayo vence la oferta de negociación presentada a los fondos que invirtieron más de 66.000 millones de dólares en títulos soberanos de la Argentina.

Alberto Fernández avaló una propuesta diseñada por Martín Guzmán que implica una quita formidable de intereses y capital a esos inversores que operan en Wall Street, y todos los días repite que no tiene intenciones de caer en default con los acreedores privados.

Hasta el viernes pasado, Guzmán y su team de “bancos colocadores” sólo habrían obtenido el consentimiento del 30 por ciento de los bonistas bajo legislación internacional, pese a que la propuesta argentina está respaldada por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el Papa Francisco, el premio Nobel Joseph Stiglitz y Jeffrey Sachs, reconocido catedrático de la Universidad de Columbia (Nueva York).

Ese probable 30 por ciento de aceptación de los acreedores privados, no es una estimación azarosa. Es el cálculo optimista que se transmitió desde el Ministerio de Economía a la quinta presidencial de Olivos.

Guzmán ofreció a los fondos una quita fuerte de intereses, una poda más razonable en el capital -con ciertas diferencias en determinados bonos- y una larga moratoria hasta noviembre de 2023. El titular del Palacio de Hacienda cumple órdenes presidenciales y su método de negociación es plano y lineal ante los poderosos bonistas de Nueva York.

“Es esto, o nada”, argumenta el ministro cuando mantiene video conferencias -dos veces al día- con los principales fondos que invirtieron 66.000 millones de dólares en la Argentina.

La resistencia de los bonistas internacionales a aceptar la propuesta pone a la Argentina al borde del default. El Presidente no quiere que los acreedores litiguen en los tribunales de Nueva York y ya decidió un cambio de estrategia que conversó a solas con su ministro de Economía.

Esa nueva estrategia de negociación tiene una hoja de ruta con los siguientes pasos:

1. Prorrogar la vigencia de la oferta hasta después del 8 de mayo.

2. Aprovechar el vencimiento del título Global, previsto para el 22 de mayo, como nueva fecha tope de negociación con los fondos de inversión.

3. Retocar la oferta para acercar posiciones con los acreedores privados. Entonces, si hay acercamiento y se avanza con la negociación, habría anuncio formal antes del 22 de mayo.

4. Si el 22 de mayo no hay acuerdo o no se paga el título Global, -que está en período de cura-, Argentina caería en default.

Pese a los mínimos obtenidos en la negociación con los bonistas extranjeros -un 30 por ciento de adhesión al viernes pasado-, el Presidente sacó sus cuentas y cree que es posible llegar a un acuerdo con los acreedores privados.

La pandemia del coronavirus recortó las expectativas de los fondos de inversión, y ciertos consejos diplomáticos que llegaron desde Washington permiten pronosticar una vertiginosa negociación que puede tener un final satisfactorio para ambas partes.

Alberto Fernández está dispuesto a dar un nuevo paso, pero ese movimiento no debería poner en jaque la sustentabilidad de la deuda y su peso específico al momento de evaluar cómo reconstruir la economía nacional después de la crisis transversal causada por la pandemia del COVID19.

El board del FMI aún no aprobó su nuevo Standby con la Argentina, está abierta la negociación con el Club de París y la economía puede complicarse aún más sin un canje exitoso de los bonos bajo legislación extranjera. El jefe de Estado es consciente de esta situación, pero se resiste a cerrar un acuerdo que condicione sus decisiones macroeconómicas.

“Si al final todo termina a favor de los bonistas, que es lo que hizo (Mauricio) Macri, prefiero ir al default y reconstruir la Argentina cuando el mundo empiece su propia reconstrucción”, comentó Alberto Fernández en la intimidad de Olivos.