Política

El Gobierno presentó en el Congreso la Ley Hojarasca para derogar normas que considera innecesarias

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Desregulación y busca eliminar regulaciones que el oficialismo considera en desuso, sin aplicación real o directamente incompatibles.

El Gobierno envió este jueves al Congreso el proyecto de la llamada "Ley Hojarasca", impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con el objetivo de avanzar en una derogación de 70 normas consideradas "obsoletas" con los principios constitucionales actuales y depurar el sistema normativo argentino.  

Según se detalla en los fundamentos, la iniciativa apunta a “reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino”, al sostener que la acumulación de leyes a lo largo del tiempo generó “un sistema complejo, muchas veces contradictorio y de difícil aplicación”.

La propuesta cuenta con un paso por el Poder Legislativo en 2024, pero perdió estado parlamentario una vez finalizado aquel ciclo. En esta oportunidad, el Ejecutivo insiste en que el exceso de regulación "constituye una barrera para el desarrollo de la actividad económica".

Entre las leyes a eliminar figuran disposiciones como la obligación de tramitar un carnet de mochilero y la autorización para la televisión a color. Además, incluye normativas que imponen penas de azotes, prohibidas desde 1853, y regulaciones sobre el sorteo de premios en cines. 

El proyecto pone principal atención en aquellas leyes que vulneran principios constitucionales o limitan libertades individuales. En este sentido, el texto señala que "la dispersión y superposición de normas dificulta la gestión pública" y genera ineficiencias operativas.

Esta reforma, alcanza a entidades que cuentan con financiamiento del Estado nacional, las cuales deberán subsistir con recursos propios. La depuración propuesta apunta a "sentar las bases de un ordenamiento jurídico más racional y dinámico" para evitar futuras acumulaciones desordenadas, y tiene como objetivo final crear un sistema que garantice la transparencia y el pleno ejercicio de los derechos.