El Gobierno sale a defender la reforma de la SIDE ante las críticas

El Gobierno salió a defender la reforma del sistema de inteligencia que hizo por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Tras el vendaval de críticas por el poder que concentrará la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) –que incluye la posibilidad de aprehender personas, involucrar a los militares en tareas de seguridad interna y mantener toda la operación en el más absoluto secreto–, desde la administración de Javier Milei dijeron que el cambio estaba “alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”.

El DNU 941/2025 se firmó el 31 de diciembre, cuando ya habían finalizado las sesiones extraordinarias del Congreso a las que convocó el Gobierno sin incorporar en el temario las modificaciones a la central de inteligencia. No es la primera vez que Milei recurre a esta jugada para reformar el sistema de inteligencia. Ya lo había hecho en julio de 2024, con el DNU 614, con el que resucitó a la vieja SIDE y dio por acabada la experiencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

A través de un comunicado difundido por la propia SIDE, se explicó el cambio por el “nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial, a partir del liderazgo del Presidente Javier G. Milei”.

Según el Gobierno, la reforma busca racionalizar y achicar la estructura de inteligencia. Hasta ahora no queda claro cuál sería el impacto en la propia SIDE. Lo que sí hace el nuevo DNU es eliminar la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM). Esto implica que el Ministerio de Defensa deja de tener inteligencia propia y pasa a depender directamente de la que realizan las Fuerzas Armadas. El exministro Jorge Taiana explicó que esta era una “vieja aspiración de la corporación”, mientras que su antecesor, Agustín Rossi, le dijo a este diario que se trata de una maniobra para vaciar de poder al Ministerio de Defensa para cuando vuelva un civil a manejarlo.

El objetivo de la reforma, sostuvo la comunicación oficial, es “acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”. En esa línea, explicó que elimina funciones vinculadas a la seguridad interna y la protección de la infraestructura crítica y los sistemas de información del Estado.

El Gobierno reconoce que el DNU 941/2025 es una “transformación profunda del Sistema de Inteligencia Nacional”, que inscribe en lo que denomina un “proceso histórico” que impulsa Milei.

La remodelación llega menos de un mes después de que el contador Cristian Auguadra escalara hasta la cima del organismo con sede en la calle 25 de Mayo. Su anterior titular, Sergio Neiffert, había sido despedido después de perder la confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

La SIDE seguirá funcionando como un paraguas. Debajo de ella hay cuatro órganos desconcentrados. Algunos de ellos cambiarán de nombre y funciones. El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) –enfocado hacia el exterior– seguirá sin modificaciones. La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) dejará de existir con su actual diseño. El Gobierno terminó concediendo que sus funciones se solapaban con las del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), el organismo creado por Patricia Bullrich y que concentra las áreas de inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA). La ASN pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC).

También dejará de existir la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), que ahora será la Agencia Federal de Ciberinteligencia. Todas las cuestiones de ciberseguridad quedarán bajo la órbita de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete.

En lo que parece ser un cambio cosmético, la División Asuntos Internos (DAI) pasará a ser la Inspectoría General de Inteligencia (IGI). Allí era donde se desempeñaba Auguadra hasta su ascenso como Señor Cinco.

Mientras la oposición se activó en el Congreso para intentar rechazar el DNU 941 –como sucedió con el 656/2024, que dotaba a la SIDE de 100 mil millones de pesos para ser usados como fondos reservados–, organismos de derechos humanos y constitucionalistas –desde distintos sectores del espectro político– hicieron saber su preocupación.

Daniel Sabsay consideró que no había ni necesidad ni urgencia para modificar el sistema de inteligencia y calificó como una “aberración” la posibilidad de que un funcionario de la SIDE pueda detener personas. “Espero que la Justicia lo declare inconstitucional”, escribió.

Roberto Gargarella, por su parte, publicó en X: “Me había aguantado de decirlo, pero ya es descriptivo: gobierno fascista, enemigo de la democracia y la Constitución”. Andrés Gil Domínguez fue otro de los juristas que se manifestó: “El DNU 941/2025 no solo es la reafirmación autocrática e iliberal del gobierno de Javier Milei, sino también el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo. Entre otras cosas, sucede por la cómplice defección de los otrora partidos políticos republicanos, el silencio atroz de gran parte del derecho público argentino y la inexplicable sumisión de la mayoría de la justicia federal”.

La Asociación Argentina de Juristas (AAJ) consideró que el DNU es inconstitucional y que daría pie a un “Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que impugnó judicialmente el DNU 614/2024, advirtió que este nuevo decreto podría favorecer el espionaje político. “El Gobierno presenta esto como unas modificaciones administrativas para clarificar funciones, pero es, en verdad, una reforma estructural del aparato de seguridad y defensa del Estado, que le otorga a la SIDE el poder de una policía secreta que podría detener personas y un marco legal para vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto de los secretos”, afirmaron desde el organismo de derechos humanos fundado en 1979.

La SIDE pasará de tener una orientación hacia la seguridad nacional a ser un organismo enfocado en la contrainteligencia, que básicamente centra sus esfuerzos en las supuestas amenazas o riesgos. Según el CELS, con este nuevo enfoque la lógica del enemigo interno vuelve a estar presente en el sistema de inteligencia argentino.

El DNU obliga a distintas instituciones estatales a adoptar medidas de contrainteligencia –por ejemplo, ante la fuga de información–, lo que terminará convirtiéndolas en terminales de inteligencia. A través de dos comunidades, la SIDE adopta un rol central para el manejo y acceso a la información. Según el CELS, a partir de esta reforma todas las dependencias de la administración pública están obligadas a brindar información a la SIDE.

Uno de los puntos que objetan desde el organismo es que el Gobierno declara que todas las actividades del sistema de inteligencia nacional –lo que va más allá de la SIDE– pasan a ser “encubiertas”, lo que implicaría un régimen de secreto. Para el CELS, esto favorece el encubrimiento al momento del uso de los fondos reservados –que, como quedó acreditado judicialmente, se usaron para desviar la investigación del atentado contra la AMIA–.

Todo indica que la resistencia al DNU 941 se hará escuchar en el Congreso y en los tribunales.