FIN DE LA SUBE

El Gobierno se despide de la SUBE: Prepara el pago del transporte con celular y múltiples tarjetas

Busca competir con Nación Servicios y terminar con el monopolio en la gestión de 400 millones de pasajes mensuales.

El Gobierno está considerando ampliar las opciones de pago para el transporte público, según indicó una fuente de alto rango de la Casa Rosada

Se busca permitir el uso de cualquier tarjeta y dispositivos móviles, lo que supondría una competencia para la SUBE y pondría fin al monopolio de Nación Servicios en la gestión de los 400 millones de pasajes mensuales de colectivo, tren y subte. Sin embargo, se advierte que la implementación llevará tiempo debido a la necesidad de desarrollar un software específico para ello.

Se argumenta desde fuentes oficiales que esta iniciativa busca eliminar un monopolio que distorsiona el mercado y resulta costoso para las arcas estatales. Se espera reducir las comisiones, actualmente del 7% con Nación Servicios, a un rango de 0,3/0,5%.

Además, se prevé una simplificación para los usuarios, potencialmente con beneficios adicionales mediante políticas de fidelización. Un aspecto relevante es la posibilidad de una total federalización del sistema al permitir el uso de tarjetas de crédito y débito de alcance nacional.

El proceso se divide en tres áreas: las secretarías de Comercio y Transporte, y el Banco Central. Se advierte que la implementación tecnológica llevará tiempo y esfuerzo.

En cuanto al funcionamiento actual de la tarjeta SUBE, se plantea una transición hacia el pago con tarjetas y dispositivos móviles.

La primera etapa consistirá en permitir el pago del transporte con el teléfono móvil, además de la tarjeta SUBE. Se afirma que la tecnología utilizada para leer la tarjeta es compatible con la lectura de teléfonos, por lo que no sería necesario cambiar los dispositivos existentes.

Se destaca la importancia de desarrollar y probar el software con cautela, dado que implica transacciones monetarias y se deben tomar medidas para prevenir posibles prácticas delictivas.

Las autoridades planean informar detalladamente sobre el proceso de implementación al realizar el anuncio formal, y en la actualidad están elaborando un cronograma de trabajo para este fin.