El Gobierno tensiona con la oposición por los cambios en la Ley Bases y el paquete fiscal

"Si el gobierno cree que puede hacer lo que quiera que se olvide de que vuelva a acompañarle un proyecto". La amenaza del senador radical repiqueteó en los pasillos del Congreso apenas se conoció la noticia que había llegado del otro lado de Pasos Perdidos: los emisarios de Casa Rosada se habían reunido con los diputados dialoguistas para confirmarles que no respetarían varios de los acuerdos tejidos en el Senado para sancionar la Ley Bases. Javier Milei no quiere ceder ni la privatización de Aerolíneas Argentinas ni la restitución de Ganancias o la reforma de Bienes Personales y así se lo hizo saber, a través de José Rolandi y María Ibarzábal, a los diputados del radicalismo y el pichettismo. Con Ganancias y Bienes Personales no hay conflicto: los aliados acompañarán la versión original de la Cámara de Diputados. Los cambios introducidos al RIGI, mientras tanto, se respetarán. Pero privatizaciones será un dolor de cabeza, ya que el oficialismo quiere insistir con la versión de Diputados y no solo no está seguro de si tendrá el número, sino que se arriesga, con esta maniobra, a dinamitar su relación con la Cámara alta.

"Nosotros no tenemos ningún compromiso con los senadores", lanzó el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, en uno de los despachos de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Martín Menem no estaba - había viajado a Chubut para trabajar en la conformación del sello de La Libertad Avanza - pero sí habían acudido el jefe de bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, el ex jefe de bancada y ahora diputado del MID, Oscar Zago, y las alfiles del PRO, Silvia Lospennato y Silvana Giudici. Junto a Ibarzábal, que maneja la letra chica de las leyes en nombre de Santiago Caputo, este grupo constituía la liga oficialista. Del otro lado estaban - algunos por Zoom, otros en persona - Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de parte de Hacemos Coalición Federal, los radicales Rodrigo de Loredo y Karina Banfi, y el lilito Juan Manuel López.

Los dialoguistas habían llegado al despacho de Menem con el objetivo de conocer las intenciones del oficialismo para la sanción definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal. El jueves pasado se habían reunido con Guillermo Francos, pero habían quedado varios cabos sueltos. El jefe de Gabinete les había adelantado que buscarían insistir con la versión original de Diputados del paquete fiscal - es decir, la restitución de Ganancias y la suba del piso de Bienes Personales -, pero no había sido tan claro respecto a la Ley Bases. El martes, en cambio, Casa Rosada cortó con las vueltas y blanqueó lo que siempre había querido: una ley sin concesiones.

Borrar con el codo

Rolandi fue tajante: el gobierno quería privatizar las once empresas públicas del listado original de Diputados. Es decir, volver a insistir con la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina: tres empresas públicas que el propio oficialismo había aceptado retirar de la Ley Bases en el Senado como resultado de las negociaciones con algunos de los senadores más hostiles al proyecto que, luego, terminarían facilitando su sanción (como Pablo Blanco o José Carambia). "No hubo acuerdo, no teníamos los votos y por eso las quitamos", argumentan en Casa Rosada, aunque sin mucho éxito. Varios de los senadores echan chispas y amenazan con no volver a votarle una ley al oficialismo si avanza con esta "picardía". "No sé quién termina perdiendo más", deslizan en la Cámara alta.

El problema, sin embargo, no es solo político, sino técnico. En el Senado se aprobó la Ley Bases con la modificación introducida por el propio oficialismo antes de la votación en general, no fue una modificación introducida a la fuerza por la oposición. Por este motivo, varios legisladores argumentan que, al haberse aprobado en el Senado otra cosa, Diputados no puede sancionar su versión de las privatizaciones. Una discusión similar surgió con el artículo que eliminaba la moratoria previsional: el gobierno concedió retirar este punto antes del debate - ya que contaba con el rechazo de gran parte de los senadores - y no se trató nunca. La diferencia es que en el caso de moratoria previsional el gobierno está dispuesto a aceptar que se quite el artículo, pero en el caso de privatizaciones no.

Rolandi e Ibarzábal intentaron, a su vez, insistir con la versión original de las facultades delegadas - que no contaba con la prohibición de eliminar varios organismos culturales, que se sumaron recién en el Senado -, pero no hubo forma. "Eso sería romper los acuerdos", advirtieron desde el pichettismo. Lo mismo sucedió con las modificaciones que se habían introducido al RIGI en el Senado: los emisarios de Milei amagaron con retrotraerse al régimen de inversiones que se había aprobado en Diputados, pero ni la UCR ni HCF quiso saber nada.

Presiones internas

La oposición dialoguista todavía no definió qué votará. La mayoría anticipa que le obsequiará al gobierno su paquete fiscal tal como salió en Diputados, pero la Ley Bases es una incógnita. Se repite la novela radical: la interna que atraviesa la UCR hace meses (años) vuelve a explotar frente a la sanción definitiva de la Ley Bases, fundamentalmente debido al capítulo de privatizaciones. De Loredo y los mendocinos que responden a Alfredo Cornejo - los más mileístas de los radicales - quieren avanzar con todas las privatizaciones, mientras que "los Manes" y algunos de los que responden a Martín Lousteau se resisten.

Pero los diputados no son los únicos que juegan: los senadores ya salieron a marcarles la cancha, preocupados ante la posibilidad de que los diputados - sus compañeros - terminen votando en contra de los acuerdos que habían llegado ellos mismos en el Senado. Fue por eso que los senadores radicales hicieron circular un comunicado en el que le pedían a los diputados que "evaluasen los aportes" que se habían hecho en la Cámara alta. El comunicado no terminó saliendo oficialmente, pero varios senadores lo hicieron circular informalmente a modo de advertencia mientras se desarrollaba la reunión en Diputados.

La oposición dialoguista aguarda. No quiere anticipar postura hasta que el gobierno defina públicamente qué ley desea. "Que saquen un comunicado y ahí nos pronunciaremos", insisten en el deloredísmo, en donde no quieren arrastrar solos el costo político de algunas medidas. La restitución de Ganancias para los trabajadores o la reforma de Bienes Personales - que beneficia a los más ricos - son algunos de esos puntos. Radicales y pichettistas le exigen al gobierno que si desea que defiendan la versión de la ley que Milei más quiere entonces que salga él a blanquear públicamente que ese es su deseo. "Que nos invite a tomar el té en Casa Rosada y le demuestre al mundo que somos nosotros los que le estamos salvando la ley y no sus 40 gladiadores libertarios", mascullaba un dirigente de HCF.