El Gobierno tuvo que dar marcha atrás con la reforma de la Ley del Libro

El Gobierno nacional descartó avanzar en el Congreso con la derogación de la Ley del Libro, luego del fuerte rechazo que la iniciativa despertó entre editoriales, librerías independientes y distintos actores de la industria. El presidente Javier Milei confirmó que la propuesta “no entró ni va a entrar” al Parlamento y cerró, al menos por ahora, una discusión que atravesó al sector durante las últimas semanas.

La decisión llegó después de que la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, anticipara que el Gobierno concentrará su capital político en reformas que considera prioritarias para la segunda mitad del año. “Farmacias y librerías no lo son”, sostuvo la legisladora, quien remarcó que La Libertad Avanza (LLA) buscará “avanzar hacia medidas más estructurales”.

No obstante, pese al rechazo generalizado que generó la propuesta, Milei aseguró en un intercambio periodístico que la marcha atrás no refleja diferencias dentro del Ejecutivo y sostuvo que la mesa política define las prioridades que el oficialismo llevará al recinto. Esto en medio de la decisión de Karina Milei de comenzar a revisar las leyes redactadas por Sturzenegger.

Asimismo, el mandatario confirmó que su gestión mantendrá sin cambios la legislación vigente y concentrará sus próximos movimientos parlamentarios en reformas que considera centrales para su programa económico, como el llamado Súper RIGI, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) e Inocencia Fiscal.

Cabe recordar que el anteproyecto había surgido de las oficinas del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y proponía eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. La normativa en cuestión establece que cada editor, importador o representante debe fijar un precio uniforme para sus libros y que los comercios tienen que respetar ese valor, un esquema conocido como Ley de Precio Fijo.

Desde el área que conduce Sturzenegger habían defendido la reforma bajo el argumento de que una mayor competencia permitiría ampliar los descuentos, promociones y estrategias comerciales para reducir el precio final de los ejemplares. “El proyecto tiene como objetivo principal que los libros sean más accesibles para los lectores”, señalaron desde la cartera nacional.

Sin embargo, el planteo respecto a una nueva Ley del Libro generó una fuerte resistencia entre librerías y editoriales, que advirtieron sobre el riesgo de que grandes plataformas, supermercados o cadenas utilicen su capacidad financiera para ofrecer los títulos más vendidos por debajo de su valor. Los representantes del sector sostienen que esta práctica podría desplazar a los comercios independientes y reducir la oferta de obras de menor circulación, que actualmente encuentran espacio en establecimientos especializados.