El Gobierno vuelve a la carga con las auditorías a las universidades

A horas de concretarse la 5° marcha en defensa de la educación pública, la administración de Javier Milei lanzó una nueva afrenta contra las universidades: les dio 15 días para presentar sus planes de trabajo de 2027 y justificar allí los presupuestos de gastos que, a la postre, el gobierno decidirá si cubre o no.

La medida fue anunciada a través de la Resolución 311/2026 publicada en el Boletín Oficial que expresa los lineamientos que deben cumplir las casas de altos estudios para formular, ejecutar y seguir sus planes de funcionamiento para el año próximo.

Corresponde a una normativa que está en manos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), a través del cual ejecuta una auditoría interna de las universidades nacionales. La fecha en que vence el plazo para la entrega de esa requisitoria será el 31 de octubre de 2026, a través del Sistema de Seguimiento de Acciones Correctivas (SISAC).

La resolución inventa motivos para supervisar las auditorías internas de 2027 con el falaz argumento de la transparencia y el control sobre la administración de los recursos públicos.

Con esta maniobra política disfrazada de administrativa, el Gobierno retoma su campaña de poner en tela de juicio el gasto universitario. Ya lo había hecho en 2024 a meses de haber asumido, cuando el propio Milei calificó de “chorros” a los rectores.

“Hay un conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados (…) Los chorros están en peligro”, dijo con el objetivo de instalar esa idea en la sociedad.

A esa acusación le siguieron varias en el mismo tono por parte del coro de funcionarios, influencers y seguidores que, con amenazas de auditorías, intentaron poner bajo sospecha la ley de Financiamiento Universitario y avalaron la motosierra en la educación superior.

Todos esos cuestionamientos fogueados a través de una campaña mediática cayeron en saco roto desde entonces. La sociedad apoyó sucesivamente el reclamo educativo aunque la ofensiva del Gobierno no se detuvo y esta vez tiene forma de presión administrativa.

La nueva decisión de obligar formalmente a las universidades a presentar y justificar sus planes y gastos para 2027 va de la mano con el incumplimiento del fallo que lo obliga a cumplir con la ley de financiamiento y los oídos sordos que la administración mileísta le hace al reclamo masivo en las calles.

Los puntos que la SIGEN le exige cumplir a los rectores tienen que ver con registros de actividades futuras, recomendaciones y eventuales correcciones. Todo deberá quedar registrado en el SISAC, con documentación de respaldo.

Según las condiciones impuestas por ese organismo, cada universidad deberá ajustar sus proyectos a la dimensión, estructura, dispersión territorial y actividades de la institución. También informar sobre el perfil de los profesionales que intervienen.

Pero la prioridad es entregar presupuesto y finanzas, compras y contrataciones, transferencias y convenios, patrimonio e infraestructura, personal y haberes.

Como se dijo, todos los planes se someterán a una evaluación de las rendiciones de fondos ante autoridades nacionales, que son las que finalmente decidirán aprobar los gastos y fondos o no.

El anuncio no constituye por sí mismo una denuncia de irregularidades ni determina que existan gastos indebidos, pero agita el fantasma de las sospechas en la administración universitaria que –en línea con su autonomía- tiene mecanismos propios de auditorías y control anual que no se pueden eludir.