El Gobierno y los rectores se reunieron para destrabar el conflicto por el financiamiento universitario

Este viernes se llevó a cabo la audiencia judicial en la que se presentaron los rectores de las universidades y representantes del Gobierno, pasadas las 13 a instancias del magistrado Martín Cormick, juez de 1° instancia Contencioso Administrativo Federal de Capital Federal.

El juez había citado a las partes para intentar comenzar a destrabar el conflicto por el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. En junio, la Corte Suprema había dejado firme la cautelar que obliga a la Nación a aplicar dos artículos de la norma que habilita la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

Para este hoy, el juez había hecho lugar a un pedido de audiencia originario de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que contó con la conformidad del Gobierno nacional.

El magistrado no tomó ninguna decisión de fondo sobre el conflicto, sino que se limitó a recibir el posicionamiento de cada parte, lo que quedó asentado en un acta firmada por los presentes.

El conflicto universitario se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025.

Esa norma, que había sido vetada por Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras tras un amplio respaldo legislativo y movilizaciones universitarias, establece actualizaciones salariales y la recomposición de programas de becas, entre ellos el Progresar. Ante la demora en su cumplimiento, el CIN, junto con gremios docentes, presentó un amparo colectivo que llegó hasta la Corte Suprema.

La decisión de la Corte Suprema llegó semanas después de que el Gobierno acordara transferir fondos a las universidades nacionales para incrementar un 24,33% los salarios, un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000. La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantiene la cautelar sobre salarios y becas vigente mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal avanza hacia una sentencia de fondo.