El juez comercial desplazó por 120 días a sus autoridades

A diferencia del dicho popular, que postula que “el ojo del amo engorda el ganado”, el juez civil y comercial de Reconquista a cargo del concurso preventivo de Vicentin SAIC, Fabián Lorenzini, entendió que la mejor forma de intentar salvar a la agroexportadora de la quiebra es intervenir su administración y desplazar por 120 de la conducción a su actual directorio, cuatro de cuyos integrantes están presos en un causa por presuntas estafas, y más de una decena están imputados por ese delito y el de administración fraudulenta.

“Creemos que es necesario emplear todos los recursos y mecanismos disponibles para evitar la liquidación de la concursada”, escribió el magistrado en la resolución firmada ayer por la que intervino la compañía por 120 días, y nombró como administradores a los actuales veedores, Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg.

La decisión estuvo motivada, entre otras razones, por los informes que los veedores le presentaron, que muestran el crecimiento de la deuda posconcursal de Vicentin -al 11 de abril trepaba a $12.536.732.386- y la paralización de la actividad de la agroexportadora, con plantas cerradas y sin capacidad de hacer frente al pago de salarios de sus empleados.

El fallo del juez civil y comercial de Reconquista ordena también “suspender (sin derecho a percepción de haberes) por el mismo plazo de 120 días, todos los mandatos, poderes y funciones de los actuales directores naturales de la sociedad Vicentin SAIC”, aunque aclara que “deberán prestar colaboración y mantenerse a completa disposición de la intervención y demás órganos y auxiliares del proceso concursal y de este Juzgado para el desarrollo de las actividades que expresamente les fueran requeridas”.

“Nos encontramos frente a un imperativo de actuar en tutela del derecho de los acreedores concurrentes, en pro de la preservación de la empresa en crisis y su continuidad operativa y laboral”, sostuvo el juez en los considerandos de la resolución, que persigue tres objetivos. La “prevención del daño en curso; (la) protección efectiva de la empresa económicamente viable; y ante una eventual quiebra liquidativa, anticipar la protección de las unidades de negocios, fuentes de trabajo y activos mediante actuación tempestiva y suficiente para conminar efectos nocivos que podrían producirse por una parálisis total de la explotación industrial”.

Según los fiscales Sebastián Narvaja y Miguel Moreno, que hace una semanas imputaron con prisión preventiva a los directivos Daniel Buyatti, Alberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua, desde que se levantó la intervención judicial de Vicentin en agosto pasado, los ejecutivos desviaron unos $6.000 millones para gastos que -de acuerdo a la acusación- no corresponden a los fines de la empresa sino a los intereses particulares de sus conductores. El fallo de Lorenzini señala que una masa salarial completa de Vicentin asciende a unos $4.085.455.798 mensuales.

Que no se corte

Además de la intervención de la administración por el plazo de 120 días prorrogable, el juez estableció en su resolución que “los proveedores de gas, energía eléctrica, servicios informáticos, seguridad, transporte, telefonía, seguros” y otros “se abstengan de interrumpir o suspender la provisión de tales bienes o servicios” por 60 días hábiles judiciales. Y que, en caso de que ya hayan sido suspendidos, los restablezcan. La medida da cuenta de delicada situación a la que llevaron a la compañía sus directivos en los últimos años, luego de ser la empresa nacional más importante de procesamiento de oleaginosas del país.

El magistrado recordó en los considerandos del fallo firmado ayer que en la reunión que convocó el 11 de abril, el director de Vicentin SAIC, Estanislao Bougain, señaló que “la causa generadora de dicho escenario crítico era la pérdida de confianza de los inversores estratégicos (Bunge, Viterra y ACA), por la falta de homologación judicial del acuerdo concordatario oportunamente impulsado por la sociedad concursada; y relató la búsqueda infructuosa de nuevos inversores y aliados en el actual escenario”.

La agroexportadora se declaró en “estrés financiero” en diciembre de 2019 -después de recibir varios créditos del Banco Nación, cuando su condición financiera era al menos riesgosa para el repago- y presentó su propio concurso de acreedores en marzo de 2020, por más de U$D1.500 millones.

Tras conseguir un acuerdo con sus acreedores para salir del concurso, el juez Lorenzini rechazó su homologación. Sin embargo, la empresa nacida en Avellaneda consiguió que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Reconquista revocara ese fallo y homologara el programa de pago. Un acreedor comercial, Commodities SA (del Grupo Grassi) cuestionó la resolución ante la Corte Suprema provincial, que finalmente tumbó esa decisión y envió el expediente a un nuevo tribunal, para que dicte otro fallo.

En ese derrotero judicial, Vicentin presentó un recurso de extraordinario federal para llevar el expediente a la Corte nacional, que todavía no resolvió el máximo tribunal local. En caso de que le denegara ese recurso, la empresa podría acudir en queja a la última instancia judicial del país.

El último salvavidas

En ese complicado contexto, el juez Lorenzini resolvió ayer volver a intervenir la administración de la empresa, en procura de salvarla de la quiebra, que podría solicitarla cualquier acreedor posconcursal.

Tras la reunión con el directorio de Vicentin el 11 de abril, el magistrado se convenció de que “con su actitud la sociedad concursada y su directorio, naturalizan un escenario de parálisis societaria, abrazando (al parecer) como única certeza la espera pasiva de algún salvamento o -por el contrario- un pedido de quiebra por parte de acreedores posconcursales en el corto plazo, con crecimiento de dicha deuda (especialmente el pasivo laboral y fiscal), con las plantas desactivadas y mayores dificultades para retomar la marcha de los negocios; y con un impacto social más profundo aún”.

El magistrado escribió en los considerandos de la intervención que “estamos situados en el delicado umbral entre conservar una empresa viable, con activos en funcionamiento y su capital humano integrado al proceso de generación de recursos y valores agregados; o considerar que la actividad tal como estaba estructurada conforme al plan de empresa vigente, no permite sustentar una propuesta de reestructuración, debiendo por ende ceder paso a la liquidación de la misma”.

Para evitar el escenario de quiebra y liquidación, Lorenzini señaló que “la actual instancia demanda medidas urgentes y contundentes si lo que se pretende es, de manera efectiva, preservar una cuota de la actividad industrial oleaginosa para ser operada por medio de los activos y las unidades de negocios que forman parte del patrimonio de esta empresa en crisis”.

Para eso, “los interventores deberán agotar todos los mecanismos legales, comerciales y contractuales que les permitan concertar negocios prósperos o al menos razonables para una sociedad concursada”. Corrida la actual conducción de la firma de su rol de directivos -y ahora desplazados judicialmente- queda en manos de los interventores la difícil continuidad de Vicentin.