El juez Gallardo ordenó a la Ciudad asumir el operativo y limitó a las fuerzas federales

A pocas horas de una nueva jornada de movilización social, el juez porteño Roberto Andrés Gallardo volvió a tensar la cuerda con el gobierno nacional. En una medida cautelar, ordenó al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires que se haga cargo de forma autónoma del operativo de seguridad de la marcha de jubilados que tendrá lugar el miércoles frente al Congreso. Además, exigió que el Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich, se mantenga al margen y limite su accionar a la protección de edificios federales.

El fallo responde a un pedido conjunto de referentes gremiales como Julio Piumato, Maia Volcovinsky y Alejandro “Peluca” Gramajo, quienes manifestaron su preocupación por posibles episodios de represión, citando como antecedente la protesta del 12 de marzo, donde resultaron detenidas 114 personas y fue herido el fotógrafo Pablo Grillo. Según argumentaron, en aquella oportunidad las fuerzas federales actuaron fuera de su jurisdicción y sin autorización, algo que el magistrado considera probado.

“El riesgo de represión no es un planteo abstracto”, remarcó Gallardo en su resolución, en la que también hizo énfasis en la “actitud avasalladora y excesiva” de las fuerzas federales en manifestaciones anteriores. Recordó, además, que la Ciudad de Buenos Aires no adhirió formalmente al protocolo antipiquetes impulsado por Bullrich, lo que refuerza la autonomía del distrito en materia de seguridad.

La medida fue comunicada a todas las fuerzas federales —Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y PSA— y deja en claro que cualquier intervención fuera del resguardo de intereses federales será considerada una violación a la autonomía porteña y a los derechos constitucionales de los manifestantes.