Contrabando y ventas online

El lado oculto del comercio electrónico

La situación no solo expone a los consumidores a mayores riesgos —ya se registraron accidentes vinculados a productos sin certificación—, sino que profundiza la competencia desleal contra la producción local.

El contrabando le costó al Estado 2.300 millones de dólares en 2025, según un informe privado. El auge del comercio electrónico en Argentina está generando un efecto colateral que es la expansión del contrabando y de la venta de productos que eluden controles de calidad, seguridad e importación. La situación no solo expone a los consumidores a mayores riesgos —ya se registraron accidentes vinculados a productos sin certificación—, sino que también profundiza la competencia desleal contra la producción local y contribuye a la pérdida de puestos de trabajo en distintas ramas industriales.

El contrabando provocó una pérdida de ingresos fiscales estimada en 2.300 millones de dólares durante 2025, según un informe elaborado por la consultora MAP. La cifra equivale al 0,3 por ciento del PIB, una magnitud comparable al costo fiscal de iniciativas que el Gobierno rechazó para preservar el superávit. A modo de referencia, las leyes de movilidad jubilatoria y de financiamiento universitario, ambas vetadas por el presidente Javier Milei, implicaban un impacto estimado de entre 0,3 y 0,4 puntos del PIB.

De acuerdo con el estudio, la erosión de la recaudación por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos representa el principal efecto adverso para el Estado. El trabajo señaló que ese monto equivale a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.

Mercado libre (de certificaciones)

El documento también advirtió que la expansión del comercio electrónico facilitó la incorporación de actores informales que utilizan las plataformas como Mercado Libre para comercializar mercadería ingresada de manera ilegal al país. “Lo que estamos haciendo como país es importar basura industrial”, denuncian referentes del sector.

Uno de los empresarios que apuntó tempranamente sobre los riesgos de esta ausencia de controles en Aduana fue Dante Choi, dueño de Peabody, para quien: “el 90 por ciento de los productos de la categoría de electrodomésticos que se comercializan por Mercado Libre incumplen con las normas de calidad IRAM”. En declaraciones públicas, el empresario suele recordar el incidente del incendio ocurrido en un despacho del Senado, ocasionado por una pava eléctrica que no tenía el certificado de seguridad.

En este contexto, los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley para convertir a las plataformas de venta online en “responsables solidarios” por los productos comercializados por sus usuarios. La iniciativa contempla la verificación de identidad y situación fiscal de los vendedores, controles sobre la documentación de importación y sanciones de hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada ante incumplimientos.

Celulares, neumáticos e indumentaria

El trabajo de la consultora MAP también alertó sobre los efectos del contrabando en los consumidores debido a la falta de garantías, facturación y controles sanitarios o de seguridad —como los garantizados bajo las normas IRAM—. En el segmento de telefonía móvil, AFARTE, la asociación de empresas electrónicas de Tierra del Fuego, estimó que más de uno de cada tres celulares vendidos en 2025 no fue fabricado en el país ni importado legalmente.

Mientras que en indumentaria y calzado la participación del mercado informal alcanza el 40 por ciento.

MAP calculó una pérdida de 10.000 empleos directos en sectores productivos, con especial incidencia en la industria textil, el calzado y los neumáticos. El informe sostuvo que la recuperación de esos puestos ayudaría reducir la tasa de desocupación nacional.

Finalmente, el estudio remarcó que el contrabando genera competencia desleal, distorsiona los precios de referencia y desalienta la inversión y la innovación, además de exponer a los consumidores a productos sin controles de calidad y afectar la reputación de las marcas que operan formalmente.