El principal secreto del superavit fiscal del primer semestre

Tras conseguir el sexto superávit fiscal consecutivo, según cifras oficiales difundidas el martes, analistas observan cómo se compone la fuerte reducción del gasto público, que hace apenas unos meses atrás era impensada. Un tercio obedeció de la licuación y recorte en las jubilaciones y pensiones en el primer semestre del año. En segundo lugar aparece el “aporte” de la suspensión de la obra pública, el descenso en las transferencias a provincias y subsidios energéticos, cado uno con una participación del 14 por ciento en el recorte. Finalmente con un 7 por ciento están los sueldos de las y los empleados. Un recorte muy poco empático en general y con dudas sobre la sostenibilidad.

En junio el Gobierno alcanzó el sexto superávit fiscal, primario y financiero, consecutivo. Lo celebraron destacando en las redes sociales que "es la primera vez desde 2008 (gobierno de Néstor Kirchner) que se alcanzan seis meses consecutivos de superávit financiero". Sin embargo los analistas privados siguen cuestionando la sostenibilidad del ajuste. Entre los factores de riesgo enumeran: el segundo semestre es de estacionalidad alta para el gasto, se acumuló deuda flotante con empresas hidroeléctricas que deberá saldarse en parte, la desaceleración de la inflación atenta contra el efecto “licuadora”, intrigas respecto de si se pagará la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, caída de la recaudación asociada a la recesión doméstica, etc.

En el sexto mes del año el superávit primario fue de 488.569 millones de pesos y el resultado financiero llegó a 238.189 millones de pesos. El gasto primario descendió un 35 por ciento interanual en términos reales y los ingresos 15 por ciento en igual comparación, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Los ingresos tributarios computaron una baja del 14 por ciento y los no tributarios del 40 por ciento real interanual. En el acumulado en el primer semestre, el superávit primario totatalizó 6,9 billones de pesos (equivalentes a 1,1 por ciento del PBI) mientras el saldo financiero sumó 2,6 billones de pesos (es decir 0,4 por ciento del PBI).

El “ahorro fiscal” en lo que va del año fue de 2,1 puntos del PBI, dado que en el primer semestre de 2023 el resultado fiscal había sido negativo por 1,7 por ciento del PBI, agregan.

La meta fiscal comprometida por Argentina en el marco del acuerdo para refinanciar la deuda con el FMI fue 2,1 por ciento del PBI para 2024, un objetivo más ambicioso que el originalmente propuesto (de 0,9 por ciento) pero que siguió al reajuste sugerido por el Gobierno de Javier Milei. El acuerdo con el FMI se firmó a comienzos de 2022 y durante ese año el Gobierno cumplió todas las metas: fiscal, monetaria y de acumulación de reservas, pero la suerte cambió en 2023. En materia fiscal el año pasado cerró con un rojo equivalente a 2,9 por ciento del PBI. Desde esa óptica son ponderados los resultados conseguidos por la gestión mileísta.

La “consolidación fiscal”, como la llaman hoy día, en un contexto de recesión económica tiene una fuerte base de apoyo en el recorte del gasto público, que sorprendentemente (o no) provocó menos reacciones que las que hubieran sido dables esperar en otro contexto. Siguiendo el análisis del Iaraf, en el primer semestre del año el recorte del gasto público se distribuyó de la siguiente manera: las jubilaciones y pensiones soportaron el 29 por ciento de la reducción total (esto es consecuencia de la licuación de los haberes y el no reconocer en la movilidad sancionada por decreto los 8 puntos perdidos por inflación en enero), mientras la inversión real directa (es decir la obra pública) soportó el 14 por ciento, mientras las transferencias a provincias aportaron el 13 por ciento, los subsidios a la energía otro 13 por ciento y los salarios de empleados públicos un 7 por ciento.

En suma, en el período 14 de las 16 secciones que componen el gasto público anotaron descensos en términos reales en el primer semestre, computan desde el Iaraf. La excepción fueron las asignaciones universales para la protección social (que crecieron 15,7 por ciento en el período, monitoreadas al menos desde lo discursivo por el FMI) y prestaciones por discapacidad, riesgo durante lactancia, cese de empleo, etc. que integran el Sistema de Seguridad Social Nacional, que se mantuvieron constantes.