El Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

La Cámara de Senadores convirtió esta madrugada en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un debate de casi ocho horas en el que 33 senadores, sobre 65 presentes, hicieron uso de la palabra.

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y cientícos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

La sesión, además, consistió en el debut de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como moderadora del debate como presidenta del Senado, en un rol que cumplió con rigor y ateniéndose al reglamento.

Sobre las retenciones El Congreso facultó al Poder Ejecutivo a aumentar los derechos de exportación en tres puntos porcentuales para determinados productos agropecuarios y a establecer “mecanismos de segmentación y estímulo” para pequeños productores y cooperativas que serán alcanzadas por las retenciones.

La ley prevé darle la facultad al PE de aumentar en tres puntos porcentuales los derechos de exportación de determinados productos agropecuarios y establecer nuevos topes.

De esta manera, el Ejecutivo podrá incrementar las retenciones al poroto de soja hasta 33%, mientras que los cereales como el maíz y el trigo podrían llegar hasta 15%.

Las carnes, la leche en polvo, la lana y otras producciones hasta el momento tributan 9%, aunque el Ejecutivo podría llevarlas hasta el tope de 15%.

Por su parte, las producciones agroindustriales de las economías regionales se ubicarán en 5%, productos a denir por el Gobierno.

En la sesión en Diputados se incluyó un artículo en el cual el Gobierno “deberá establecer mecanismos de segmentación y estimulo tendiente a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación”.

Asimismo, “establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización”.

Estos dos nuevos puntos no contaron en la aprobación de la Ley con mayores detalles o informes de los montos de compensación.

Otro cambio que se realizó fue que los tres puntos porcentuales del valor incremental de los derechos de exportación previstos en la ley se destinarán “a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos”, que será administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.