Empleados con coronavirus de clínica privada siguieron atendiendo pacientes de PAMI desacatando a una orden judicial que ordenaba su clausura.

Se trata del Centro de Salud Norte, ubicado en Villa Adelina. La Justicia detectó cinco cadáveres que no habían sido informados en una inspección realizada por el gobierno bonaerense. Uno de ellos era COVID positivo

Al menos seis empleados del Centro de Salud Norte de Villa Adelina, en Vicente López, fueron a trabajar estando infectados de coronavirus con posterioridad a que la Justicia dispusiera la clausura preventiva de esa clínica privada hace una semana por considerar que era “un foco infeccioso” para la propagación de la epidemia.

Pese al carácter “urgente” de la orden judicial de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la medida no se concretó el viernes 17. Los funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, del Municipio de Vicente López y de PAMI que se hicieron presentes a pedido a la jueza coincidieron en no derivar ese mismo día a los 29 pacientes en ese momento allí internados por la obra social de los jubilados, pese a ser todos adultos mayores y constituir un grupo de riesgo. Según el acta de la inspección, la clínica estaba cumpliendo el protocolo de COVID-19 y no se habrían observado “irregularidades”. Se acordó que no ingresarían pacientes nuevos y que se buscaría derivar a los que el hisopado diera negativo.

Debido a la falta de medidas de prevención adecuadas, a la fecha hay dos pacientes fallecidas con coronavirus y suman más de 20 los integrantes del personal médico y no médico de la clínica infectado, de los cuales tres están internados y el resto aislados en sus domicilios. La Justicia corroboró que seis de ellos -dos enfermeros, una mucama, un empleado de mantenimiento y dos de la farmacia- fueron a trabajar entre el 19 y el 21 de abril, estando infectados. También están contagiados de coronavirus cuatro familiares de una de las víctimas, y tres personas de la cochería M.Menini que intervino en su sepelio. El resto de los jubilados internados dieron negativo hasta ahora, aunque la Justicia tiene dudas sobre algunos análisis de muestras realizados en dos laboratorios privados.

Previo a la clausura preventiva, la magistrada le había ordenado el 11 de abril al Ministerio de Salud Bonaerense -en su carácter de máxima autoridad sanitaria- realizar “una inspección, auditoría e investigación epidemiológica”, luego de que el análisis post mortem de la paciente fallecida el 6 de abril hubiera dado positivo post mortem. El requerimiento fue reiterado el 14, ante la falta de respuesta.

La intervención de la Justicia en esta clínica proveedora de PAMI donde se propagó el coronavirus se generó a partir de la denuncia de Carlos Cellini, quien tuvo dudas sobre las causas de la muerte de su hermana. Pese a que la jubilada había ingresado por una infección urinaria el 8 de marzo, en el transcurso de su internación -y tras haber mejorado de su patología inicial-, desarrolló síntomas compatibles con coronavirus. Sin embargo en la clínica no le practicaron el test para detectarlo, ni la trataron por esa enfermedad. En su certificado de defunción, se consignó “paro cardíaco, shock refractario e insuficiencia respiratoria”. El análisis post mortem recién se le realizó a la mujer de 65 años por disposición de Arroyo Salgada y dio positivo.

Cuerpos en la morgue sin informe técnico forense

En la inspección que personal de Ministerio de Salud Bonaerense realizó el viernes pasado por la tarde cuando la jueza dispuso la clausura, de la que participó un epidemiólogo, no se revisó sin embargo la morgue de la clínica. Recién fue inspeccionada este martes pasado. Allí se encontraron cinco cuerpos que no habían sido informados por las autoridades de la clínica cuando fue el operativo de las autoridades sanitarias por orden de la Justicia, ni tampoco con posterioridad al Juzgado. Tres de esos pacientes habían fallecido el mismo viernes de la inspección por la mañana y el mediodía, uno el día anterior, y otro el 11 de abril. Recién fueron encontrados el martes 21, luego de que Arroyo Salgado le enviara el nuevo oficio al ministro Gollán.

Se supo luego que uno de esos cinco cuerpos, el de una mujer de 70 años fallecida esa mañana del 17 de abril, resultó tener COVID 19. El test se conoció post mortem. Si bien cuando fue encontrada en la bolsa mortuoria roja correspondiente a una enfermedad infectocontagiosa, no habría sido esa la forma en que estaba conservado el cuerpo el día de la auditoría sanitaria. La Justicia sospecha que se alteró la forma en que estaba conservado con posterioridad a la inspección del viernes 17 por la tarde, y que originalmente no se habrían tomado medidas de bioseguridad y profilaxis para prevenir un posible contagio.

Desde mediados de marzo a la fecha, murieron 9 pacientes en el Centro de Salud Norte, de los cuales dos se habían contagiado de coronavirus: la mujer cuyo fallecimiento dio origen a la causa judicial, y esta última. Hay otros tres casos en los que el test dio negativo, y un cuarto sobre el que hay dudas por el tiempo transcurrido hasta la toma de la muestra. Del resto de los pacientes fallecidos, pese a haber ingresado por patologías como fractura de fémur o insuficiencia renal, murieron por “neumonía intrahospitalaria”, según consignó la clínica.

A la fecha, aún quedan 15 pacientes en la clínica. Desde la inspección sanitaria el viernes pasado, 7 pacientes fueron dados de alta y otros tantos derivados a otras instituciones médicas o geriátricos. Por ser todos pacientes de PAMI, este organismo tenía la responsabilidad de relocalizarlos según las cápitas disponibles.