¿En qué consiste el proyecto de “Inocencia fiscal” que obtuvo media sanción en Diputados?

El proyecto de ley de Inocencia Fiscal que el Gobierno consiguió aprobar este miércoles en Diputados apunta a que las personas puedan gastar dinero no declarado sin tener que explicar su procedencia. Ahora, el proyecto pasa al Senado para conseguir su aprobación definitiva. ¿Cuáles son las claves del proyecto y qué cambios estipula?

La Ley de Inocencia Fiscal aumenta fuertemente los montos a partir de los cuales se penalizan los diferentes tipos de evasión fiscal, reduce los plazos de prescripción para que ARCA no pueda efectuar reclamos por operaciones no declaradas y oficializa el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias que el Gobierno había anunciado.

Aumento de los montos para penalizar la evasión fiscal

De aprobarse la nueva ley, el monto mínimo para la evasión simple pasaría de 1.5 millones de pesos a 100 millones, mientras que en los casos de evasión agravada pasaría de 15 a 1.000 millones. En el caso de aquellos que se adhieren a beneficios fiscales sin cumplir las condiciones, el mínimo de evasión pasaría de 2 a 200 millones.

Por su parte, falsificar facturas sería penado a partir de los 100 millones de pesos, cuando hasta ahora es desde 1.5 millones. En el caso de los agentes de retención de tributos nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán depositar el total del dinero dentro de los 30 días, pero el mínimo para que sean penalizados pasa de 100 mil a 10 millones de pesos.

“Respecto de los delitos mencionados, y para el supuesto de haberse iniciado la acción penal, ésta se extinguirá, si se aceptan y cancelan en forma incondicional y total las obligaciones evadidas indebidamente y sus intereses, más un adicional equivalente al 50% de la suma total, hasta dentro de los 30 días hábiles posteriores al acto procesal por el cual se notifique fehacientemente la imputación penal que se le formula”, establece el proyecto.

Adicionalmente, el proyecto reduce de 5 a 3 años el plazo durante el cual ARCA podrá exigir el pago de impuestos no declarados, aplicar multas o promover denuncias.

Declaración jurada simplificada de Ganancias

El nuevo esquema es para personas con ingresos inferiores a los 1000 millones y que cuenten también con un patrimonio menor a los 10.000 mil millones.

El esquema sólo exige a los contribuyentes que declaren sus ingresos y los gastos deducibles de Ganancias, pero elimina la obligación de informar sus consumos personales.

De esta manera, una persona podría comprar un auto con dinero no declarado sin que se investigue el origen de esos fondos.

El nuevo mecanismo prevé que, una vez que la persona cargue los datos en el sistema, ARCA calcule el monto a pagar por el Impuesto a las Ganancias. Una vez realizado el pago, quedará eximido de cualquier otro reclamo en relación con ese tributo, a menos que se demuestre que incurrió en omisiones en la declaración jurada.

Con el nuevo régimen, “una vez terminado el periodo fiscal, basándose en toda la información de las facturas y los gastos deducibles, el sistema de ARCA le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar. El ciudadano podrá revisar y editar esa información”, explicó Pazo en su momento.

Multas más caras

El proyecto actualiza las multas para quienes no presenten declaraciones juradas impositivas en tiempo y forma. Las mismas habían quedado desfasadas: actualmente la multa es de $200 para personas y $400 para sociedades. Si la ley se aprueba pasará a 220 y 440 mil respectivamente. En casos de omisiones graves, las multas pueden ascender hasta los 10 millones de pesos.

Se relajan los controles sobre operaciones financieras

Este fue otro de los puntos en los que las autoridades económicas hicieron foco al presentar el proyecto. Estipula la derogación de los regímenes de información sobre las compras realizadas por las personas, que obligaban a bancos, tarjetas de crédito, inmobiliarias y concesionarias a dar cuenta de las operaciones realizadas por sus clientes.

Por otro lado, se elevan los montos a partir de los cuales los bancos, billeteras virtuales y comercios debían informar las operaciones financieras de sus clientes.