Enargas debatió 20 años de negocio gasífero... sin nadie que lo cuestione

Tres ejecutivos hablaron durante hora y media. Nadie más. Ni una ONG, ni una universidad, ni un defensor del pueblo, ni una asociación de consumidores. Así se desarrolló la audiencia pública del Enargas para extender, por otros 20 años, las concesiones de Naturgy Ban, Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas de Cuyo. Un negocio millonario que se cocina a puertas (casi) cerradas, sin la más mínima oposición ni control ciudadano.

El vacío no fue casual: la participación social, ya limitada, parece haber sido directamente eliminada del esquema regulatorio. El cambio se formalizó con la Ley Bases, que habilita prórrogas por dos décadas –no diez, como antes– y confirma lo que en los hechos ya venía ocurriendo: las empresas no solo administran un servicio público estratégico, también imponen las condiciones. Y lo hacen sin que nadie las incomode.

Silencio programado

“El sistema está hecho para que nadie pueda incidir de verdad”, advierten desde organizaciones de defensa de usuarios que decidieron no participar. Para ellos, la ausencia de voces disidentes no es un accidente: es parte del modelo. El gobierno no quiere que haya objeciones ni críticas, y por eso promueve audiencias cerradas, con exposiciones exprés, sin presencialidad y sin publicación previa del informe final. Todo queda en manos de las empresas. Y el Estado, lejos de equilibrar la cancha, se limita a convalidar lo que ellas piden.

El contraste con el pasado es elocuente. En 2016, tras el tarifazo de Macri, la Corte Suprema obligó a realizar una audiencia con 373 oradores. Hoy, con tarifas en alza y una inflación que licúa ingresos, el debate se resume en tres monólogos ejecutivos. Sin sociedad civil, sin oposición, sin escrutinio.

Una participación que la ley exige, pero el Gobierno ignora

La audiencia pública del Enargas está regulada por la Resolución I-4089/2016, que garantiza la participación de personas físicas o jurídicas -como asociaciones de consumidores, universidades, sindicatos y organismos públicos- en decisiones que afectan tarifas o concesiones. La norma exige instancias abiertas, difusión previa y posibilidad de inscripción. Pero en la práctica, todo eso se omite.

Que solo hayan hablado ejecutivos de Naturgy, Gasnor y GasNea no es un accidente legal: es una decisión política. No hubo difusión real, ni incentivos reales a participar, ni mecanismos accesibles para hacerlo.

Sin usuarios, sin control

Esto es importante porque las tarifas de gas impactan de lleno en los sectores más vulnerables. Porque extender concesiones por 20 años debería discutirse con argumentos sociales y técnicos, no en soledad corporativa. Y porque si nadie controla, nadie limita.

Así, sin participación real, las audiencias públicas ya no son tales: son trámites privados con final cantado.